La Fiscalía Especial Contra los Delitos Tributarios y Conexos (FE-CDT), de la regional en San Pedro Sula, Cortés, norte de Honduras, logró una sentencia condenatoria para tres exempleadas de la Administración Aduanera, involucradas en actos irregulares que permitieron la introducción de mercancía a Honduras sin el debido pago de impuestos, informó el Ministerio Público (MP).
El primer caso involucra a Kenia Julissa Vega Gonzales, quien, el 16 de septiembre de 2021, recibió un manifiesto para la importación temporal de 25 paquetes de equipo de minería y suministros bajo el régimen 5600, indicó la Fiscalía.
A pesar de que el contenedor fue asignado a un canal de selectividad roja, Vega Gonzales autorizó la salida del mismo.
Una posterior inspección con rayos Gamma reveló irregularidades, ya que, además de lo reportado en el manifiesto, se encontraron 10 llantas grandes y una caja con frascos de Ammonium Chloride Crystel, sustancia cuyo ingreso debe ser aprobado por la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA).
La acción de Vega Gonzales provocó una pérdida para el Estado de Honduras por 158,702.31 lempiras, correspondientes a impuestos no recaudados por los productos no declarados.
Otros casos irregulares
En los otros dos casos, Melissa Dolores Pérez Gutiérrez y Claudia Lorena Girón Maradiaga, ambas exempleadas asignadas como analistas en la Guardia de Aduanas del aeropuerto Ramón Villeda Morales, fueron acusadas de violación de los deberes de los funcionarios el 31 de octubre de 2022.
Las dos autorizaron la salida de dos maletas con mercancía proveniente de España, sin realizar las verificaciones necesarias.
Cada maleta contenía productos con un valor de casi un millón de dólares, pero las exempleadas permitieron que se quedaran en circulación sin el pago adecuado de impuestos.
Entre ambas maletas se recibió un pago de 16,085.52 lempiras en impuestos, pero el valor real correspondía a 32,668.95 lempiras.
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