Organizaciones de mujeres en Honduras alzan su voz para denunciar la creciente violencia política que enfrentan las mujeres, especialmente aquellas que se encuentran en posiciones de toma de decisiones.
La violencia política, según estas organizaciones, impide la participación plena de las mujeres en la vida pública y pone en riesgo los avances hacia una sociedad más equitativa y justa.
Merlin Eguigure, del Movimiento Visitación Padilla, califica de "condenable" la situación actual de las mujeres en la política hondureña.
"Es bastante penoso que, en pleno siglo XXI, las mujeres sigamos siendo las eternas perdedoras en estos procesos", expresó Eguigure.
Según la activista, el país está profundamente polarizado, lo que dificulta la aprobación de leyes cruciales para frenar la violencia política de género.
Eguigure señaló que, aunque existen iniciativas en el Congreso Nacional para legislar en esta materia, las luchas internas y los intereses partidarios frenan su avance.
"Los políticos no piensan en el bienestar del país, sino en sus mezquinos intereses político-partidarios", afirmó.
Esto deja a las mujeres desprotegidas frente a los abusos del poder y la exclusión sistemática de la política.
El abuso del poder y los estereotipos de género
La violencia política contra las mujeres se manifiesta de diversas formas, desde agresiones físicas y verbales hasta la marginación política.
Según los informes, gran parte de esta violencia proviene de las propias estructuras partidarias e institucionales.
Los líderes de los partidos, superiores jerárquicos y otras figuras de poder son quienes, en muchos casos, ejercen esta violencia mediante estereotipos de género que buscan limitar el papel de las mujeres en la toma de decisiones.
"El abuso del poder dentro de los partidos políticos es evidente. A las mujeres se nos relega, se nos humilla y se nos excluye de los espacios de decisión", denunció una funcionaria pública bajo condición de anonimato.
Este abuso se convierte en una barrera casi infranqueable para aquellas que desean participar activamente en la política del país.
El impacto social de la violencia política
Dulce Davis, técnica del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), explicó que la violencia política hacia las mujeres no solo afecta a quienes son víctimas directas, sino que también limita el avance de toda la sociedad.
"Impedir que las mujeres participen plenamente en la política significa frenar la construcción de una sociedad más igualitaria y justa", afirmó.
Davis destacó que la violencia política no se limita únicamente a los periodos electorales.
"Aunque es cierto que se exacerba durante las elecciones, las mujeres que ocupan cargos públicos, ya sea como regidoras, alcaldesas, diputadas o funcionarias gubernamentales, enfrentan violencia política de manera constante", añadió.
Esta violencia incluye amenazas, hostilidad y humillaciones públicas, como lo denunció recientemente Cossete López, consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien aseguró ser intimidada y amenazada en el ejercicio de sus funciones.
Cifras alarmantes
En las elecciones de 2021, el Observatorio Nacional de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) registró 21 casos de violencia política contra mujeres.
De estos casos, el 57.1% consistió en agresiones físicas, verbales o psicológicas destinadas a intimidar a las mujeres en el escenario político y anular el ejercicio de sus derechos políticos.
Entre las víctimas se cuentan tres mujeres asesinadas: una candidata a diputada del Partido Liberal por Gracias a Dios, la esposa de un exregidor en Juticalpa, Olancho, y una simpatizante en Roatán, Islas de la Bahía. Además, se registraron tres atentados, dos amenazas y un caso de coerción.
La violencia política no solo busca intimidar, sino que también expulsa a las mujeres de los espacios de decisión, lo que las lleva a abandonar sus carreras políticas o les impide ejercer sus cargos con libertad.
"Nos enfrentamos a injerencias constantes y a boicots en el ejercicio de nuestras funciones", afirmó una funcionaria pública.
Falta de protección y apoyo
A pesar de la gravedad de la situación, las mujeres no cuentan con mecanismos efectivos de protección.
Dulce Davis criticó que, aunque existe un protocolo en el Consejo Nacional Electoral para atender la violencia política, este no ha sido socializado ni implementado adecuadamente.
"El Tribunal de Justicia Electoral tampoco cuenta con reglamentos o herramientas específicas para abordar este problema", agregó.
Otro obstáculo es la falta de respaldo dentro de los partidos políticos, que deberían ser la primera instancia a la que las mujeres acudan cuando enfrentan violencia.
"Lamentablemente, las mujeres son juzgadas, mientras que los agresores no enfrentan sanciones ni reciben amonestaciones", denunció Davis.
Un estudio realizado por el Consorcio de Mujeres Unidas por Honduras (Comunh) reveló que la violencia política hacia las mujeres en puestos de dirección es una realidad constante.
En uno de los casos investigados, una funcionaria relató: "Se me prohibió la difusión de las acciones realizadas en redes sociales, se me desautorizó y humilló frente al personal a mi cargo".
Otra víctima denunció que su superior la difamó públicamente, afectando su vida personal y profesional.
