El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, informó este viernes que la Corte de Apelaciones con competencia nacional confirmó una sentencia de privación de dominio contra el exministro de la Presidencia, Ebal Jair Díaz Lupián.
Según la resolución, se privó de forma definitiva un monto de L. 7,045,098.24 asegurados por el Estado, tras determinar que Díaz no justificó el origen de L. 32,537,274.30 obtenidos entre 2017 y 2022.
"De este monto los más de 7 millones ya han sido de privación de dominio, asegurados, quedando un monto pendiente de recuperar de 25,492,176 lempiras", acotó el funcionario judicial
¿Qué dijo la Corte sobre el origen ilícito de los fondos?
La parte resolutiva de la Corte de Apelaciones indica que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado del señor Díaz Lupián.
El Juzgado de Letras de Privación de Dominio basó su decisión en un estudio financiero realizado entre 2017 y 2022, que incluyó información de instituciones públicas y privadas.
"Durante este tiempo, gestionó múltiples cuentas bancarias, de las cuales siete quedaron activas en dichas cuentas, se encontraron fondos que pudieron ser asegurados por un total de 7 millones 45 mil 098 lempiras con 24 centavos", explicó el juez del caso.
Los magistrados afirmaron que "la protección constitucional al derecho a la propiedad no procede cuando la propiedad es obtenida a través de la lesión de bienes jurídicos o es destinada para la realización de actividades ilícitas".
¿Cómo respondió Ebal Díaz?
Desde Nicaragua, donde se encuentra exiliado, Ebal Díaz reaccionó en su cuenta de X a la decisión de la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
"La Corte de Apelaciones siguió el 'guion' que todos conocemos, los jueces serían destituidos si contradicen al régimen, seguiremos presentando los recursos nacionales rumbo a la instancia internacional, por ahora parece ser el único espacio donde encontraremos objetividad".
Díaz Lupián ha asegurado que el 90% de sus ingresos provienen de su trabajo público y que las auditorías que acreditan la legalidad de sus fondos fueron ignoradas por los tribunales.
Díaz también enfrenta un proceso judicial por el caso de casas contenedores, donde se habría ejecutado un fraude de 294 millones de lempiras.
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