El pleno del Congreso aprueba este lunes una reforma sustancial para disponer de dinero y recursos decomisados en procesos judiciales. La iniciativa busca inyectar presupuesto inmediato a los organismos encargados de combatir la criminalidad.
La medida permitirá abastecer de insumos a la Policía Nacional, la Policía Militar y otros operadores de seguridad sin esperar una sentencia definitiva.
El presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, destacó que los juicios de privación de dominio suelen demorar entre 10 y 15 años.
Con esta modificación legal, el Estado agilizará el uso anticipado de valores bajo custodia de la Oabi. La estrategia pretende reforzar las capacidades operativas e investigativas en el combate al delito.
Distribución presupuestaria y entes beneficiados
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad coordinará la autorización anticipada de hasta el 100 % de los fondos bajo administración estatal.
La repartición de los valores requerirá de una justificación fundamentada y apego estricto a los requisitos legales.
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Las Secretarías de Defensa y Seguridad percibirán un 25 % cada una, mientras el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia recibirán un 15 % individualmente.
La Oabi contará con un 10 %, y el 10 % restante se dividirá en partes iguales entre la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación y la Agencia Nacional contra el Crimen.
Garantías financieras ante eventuales devoluciones
La reforma contempla mecanismos de protección patrimonial en caso de que un tribunal resuelva el proceso a favor de la persona o empresa afectada.
En tales circunstancias, el Estado reembolsará la totalidad del capital junto a los intereses fijados por la normativa.
La Secretaría de Finanzas asumirá el rol de aval institucional para asegurar los desembolsos requeridos si una sentencia dictamina la restitución.
La disposición garantiza la salvaguarda de las garantías individuales durante los litigios.
Controles administrativos y rendición de cuentas
Cualquier asignación dineraria que incumpla las directrices legales quedará sin efecto y acarreará responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Las autoridades buscan evitar desvíos o manejos irregulares del patrimonio incautado.
Asimismo, el marco regulatorio otorga un plazo de 60 días hábiles para emitir el reglamento oficial de solicitudes, uso y fiscalización.
Los nuevos filtros asegurarán la transparencia en cada fase de la distribución presupuestaria.
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