No basta con la derogación y reforma de los decretos 57-2020 y 93-2021, queda pendiente en el Congreso Nacional derogar el decreto 116-2019, estima Luis Javier Santos, coordinador de la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (Uferco).

A criterio de Santos, para completar el desblindaje contra la corrupción los diputados deben derogar ese decreto.

"Ese decreto es el más dañino, pero saben que si lo derogan reactivaría varios casos que involucran a altos personajes de la política hondureña".

Si lo derogan, implica que se activan automáticamente casos como: “Red de Corrupción”, “Corrupción en el Congreso”, “Arca Abierta” y el del “ex alcalde de la capital”.

Por lo que, Santos dice que el siguiente paso para cumplir con los requisitos para instalar la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) es derogarlo.

"Son cinco casos de corrupción que están archivados en la Corte Suprema de Justicia, y no serán desarchivados mientras no se derogue el decreto 116-2019. Los casos que están sobreseídos van a prescribir y quedarán en impunidad", aseguró.

El desblindaje

Pero derogar el decreto 116-2019 está cuesta arriba, llegar a consensos para lograr la mayoría calificada de 86 votos no está fácil.

"No se agenda aún la discusión de la derogación del decreto 116-2019, se ocupan 86 votos", dijo el doctor Carlos Umaña, diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH).

De seguir vigente ese decreto, los casos quedarán impunes. "Esa normativa permite una jugada para que la mayoría de expedientes queden en la impunidad", lamenta Luis Javier Santos.

Los informes de auditoría que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) debe formular en los casos de corrupción, retrasa y corre e riesgo de que cuando lleguen los casos prescriban.

"El TSC sigue entregando finiquitos con base en el Decreto 116-2019. En más de tres años no han remitido ni tan solo un informe contundente", señaló el titular de la Uferco.

Un respiro pero falta más

Fátima Mena, diputada del PSH, dijo que se dio un respiro y un mensaje al derogar los pactos de impunidad.

"Hicimos una nueva redacción apegado a estándares internacionales y se redactó el tipo penal que facilite la persecución penal del delito de lavado de activos", señaló.

Quedan tres leyes por reformar y derogar, el decreto 116-2019, el Código Penal en delitos contra la administración pública y que reduce las penas y la Ley de Colaboración Eficaz.

"El Código Penal debe ser prioridad y aprobar la Ley de Colaboración Eficaz es clave, debe aprobarse", aseguró.

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