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El Consejo de Educación Superior (CES) se pronunció en contra de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y pidió a los poderes del Estado ponerle un fin a las llamadas "ciudades modelos" que han sido catalogadas por diversos sectores de la sociedad como inconstitucionales y refugios de narcotraficantes y lavadores de activos.
Mediante un extenso comunicado, el Consejo de Educación planteó que las ZEDE son inconstitucionales porque se alteraron artículos pétreos de la Constitución de la República que solamente podrían ser modificados mediante una asamblea nacional constituyente.
"Esta acción legislativa, aunque siguió aspectos de forma para concretarse, terminó contraviniendo principios constitucionales irreformables de ordenamiento territorial y de soberanía popular, alterando el orden jurídico y gestándose bajo vicios de nulidad", menciona el documento.
Según el Consejo de Educación, al aprobarse las ZEDE, el Congreso Nacional, en su mayoría del Partido Nacional, se tomó "atribuciones que la Constitución no le otorga", pues cedieron poderes legislativos, judiciales, ejecutivos, lo que permitirá que el Estado renuncie a sus atributos indelegables contrarios al principio de soberanía.
"Esto abre las posibilidades de implementación en las ZEDE de sistemas o tradiciones jurídicas de otros países o regiones del mundo sobre los cuales el Estado podría perder capacidad de frenar los excesos al renunciar unilateralmente a su capacidad de control constitucional", agrega el comunicado.
El CES está integrado por 21 universidades públicas y privadas y entre sus funciones se encuentran dictar las políticas de funcionamiento de estas casas de estudio.
Congreso no tendrá potestad constitucional sobre las ZEDE
Por otro lado, el Consejo de Educación mostró su preocupación en cuanto a que, al trasladarse la función de aprobación de zonas sujetas a regímenes especiales al Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), el Congreso Nacional abandona su potestad constitucional y la traslada a una entidad de menor jerarquía, alterando el ordenamiento jurídico del país.
"La declaratoria de zonas de baja densidad poblacional, que permite evitar una consulta popular con la población afectada, otorgada a los municipios de los departamentos de Atlántida, Choluteca, Cortés, Colón, Gracias a Dios, Islas de la Bahía y Valle, tampoco elimina este atributo exclusivo que posee la Cámara Legislativa. Este procedimiento contiene vicios de nulidad pues no es el mismo que se encuentra regulado en la Constitución", mencionaron.
Vale recordar que las ZEDE contarán con sus propios sistemas bancarios, fiscales, monetarios y aduaneros, lo mismo que un sistema judicial propio, pero que dependerá de la Corte Suprema de Justicia, lo que las hará un territorio con cierta autonomía.
Actualmente se realizan tres proyectos de ZEDE en Honduras, que serían construidos en Roatán, Islas de la Bahía; Choloma, en Cortés; y en Choluteca, al sur del país.
En ese sentido, el Consejo de Educación indicó que las ZEDE no sean el polo de desarrollo esperado, sino que se convertirán en una carga fiscal paralela a la deuda externa, en pago de indemnizaciones, que al final deberán costear los contribuyentes.
"Su falta de integridad representa un enorme riesgo ambiental por la indeterminación de la gestión de los recursos naturales y de los desechos generados en las ZEDE que podrían terminar en las comunidades vecinas", concluyeron.
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