El comisario en condición de retiro, Constantino Josué Zavala Laínez, de la Policía Nacional, enfrenta acusaciones por lavado de activos perjudicando la seguridad social del Estado, vinculado al delito precedente de tráfico de drogas. La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) presentó un requerimiento fiscal al respecto.
Según la Fiscalía, entre 2008 y 2018, se detectaron activos no justificados por casi 16 millones de lempiras. En noviembre de 2023, la UF-ADPOL obtuvo una sentencia que confirma la confiscación de dos inmuebles, 14 vehículos, dos empresas y 29 cuentas bancarias pertenecientes al acusado y su círculo familiar.
Frente a estas acusaciones, Zavala Laínez se presentó ante el Tribunal en Materia de Corrupción y previo a ello declaró: "Todo esto es parte de una persecución exagerada". Añadió que viajó de El Salvador a Honduras para resolver su situación legal con sus abogados.
"Lo que quieren es hacer un show con uno, tenerlo, exhibirlo, pero no les voy a dar el gusto. Por eso aquí vengo a darle batalla de frente. No me escondo de nadie", manifestó el comisario en retiro a TN5 Matutino de Canal 5.
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El excomisario desafió a las autoridades a demostrar las acusaciones en su contra, mencionando irregularidades en el proceso, como la adjudicación de vehículos que no posee y allanamientos a casas de familiares sin motivo justificado, incluida una vivienda que, según él, vendió hace 14 años.
Sobre el caso:
En el contexto de la investigación, se descubrió un aumento injustificado en la riqueza del exoficial, con movimientos financieros sospechosos, depósitos bancarios de origen desconocido y pagos elevados con tarjeta de crédito. Además, se reveló que recibió más de seis millones de lempiras de empresas sin una explicación clara.
El fallo de extinción de dominio afectó propiedades en varias áreas de Francisco Morazán. Durante la investigación que abarcó desde 2008 hasta 2018, se detectaron irregularidades financieras por encima de los 74 millones de lempiras.
En ese contexto, el excomisario no pudo justificar 16.8 millones de lempiras, y se encontraron movimientos financieros inusuales entre 2011 y 2017, generando un aumento patrimonial considerable. Las investigaciones también involucraron a familiares, socios y empresas, revelando un patrimonio no justificado de más de 57 millones de lempiras.
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