El foro televisivo Frente a Frente, moderado por el periodista Renato Álvarez este jueves 3 de septiembre de 2026, puso bajo la lupa una de las realidades más dolorosas e indignantes para la comunidad migrante: el deficiente servicio, las trabas burocráticas y el desamparo institucional que sufre la diáspora hondureña en los consulados.
Para profundizar en este escenario, el panel estuvo compuesto por Sali Valladares, especialista en temas migratorios y César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de Honduras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
De igual forma Marcela Caro, defensora de derechos humanos y líder comunitaria hondureña, conectada desde Estados Unidos y mediante la vía telefónica, Flavia Zamora, directora de asuntos consulares de la cancillería de Honduras.
Renato Álvarez abrió el debate con una fuerte crítica hacia la impunidad burocrática del cuerpo diplomático, señalando que los funcionarios reciben salarios pagados por los mismos migrantes a los que a menudo ignoran.
Denunció que conseguir una cita para un pasaporte se ha convertido en una odisea que obliga a las familias a recorrer centenares de kilómetros exponiéndose a retenes migratorios.
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El debate ideológico: ¿clientes o sujetos de derechos?
La discusión en el set provocó un interesante contraste conceptual sobre cómo deben estructurar los consulados su atención hacia el migrante.
Por un lado, Marcela Caro defendió que la gestión consular debe regirse bajo los parámetros de una rigurosa atención al cliente, donde el usuario que paga por un documento reciba un trato digno y eficiente.
"El consulado es un servicio al cliente porque todas las personas que van a un consulado van a pagar por una asistencia, van a exigir un servicio ( ... ) todos los hondureños que van al consulado quieren encontrar su patria", dijo.
Por el contrario, la especialista Sali Valladares cuestionó fuertemente esta analogía comercial, argumentando que mercantilizar la asistencia degrada la condición del migrante.
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Para Valladares, la protección consular es una obligación soberana e irrenunciable del Estado, consagrada en tratados internacionales como la Convención de Viena y no un servicio sujeto a transacciones comerciales.
"El derecho a la protección consular es algo que no, que es irrenunciable en este caso, y el Estado tiene la obligación... la concepción de que lo que nos prestan son servicios deja de ser el derecho a la identificación", dijo.
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Valladares sustentó su opinión señalando la incongruencia de cobrar altas tarifas en dólares por citas y pasaportes, denominándolos "especies fiscales", lo que termina excluyendo a los hondureños más vulnerables que carecen de recursos económicos en territorio extranjero.
Amiguismo político
El sociólogo César Castillo aportó una mirada estructural al problema, señalando que la constante inestabilidad de los consulados responde al nulo respeto por la carrera diplomática en Honduras.
Explicó que cada cambio de administración borra de un plumazo el personal técnico capacitado para colocar a recomendados políticos que ven los puestos en el extranjero como un premio o una oportunidad para vacacionar.
"Hemos nombrado personal de los consulados a partir de situaciones políticas ( ... ) priva no el derecho diplomático ni la carrera diplomática de las personas, sino que priva la situación política", manifestó.
Castillo insistió en que un funcionario público, sin importar el compadrazgo político que lo llevó al cargo, tiene la obligación personal y legal de asumir su rol con vocación de servicio y sensibilidad humana.
Urgencia de los consulados móviles
Uno de los aportes más propositivos del foro provino de Marcela Caro, quien presentó una propuesta técnica detallada para reestructurar la cobertura consular en Estados Unidos.
Ante la inmensidad del territorio norteamericano, donde solo operan 19 consulados fijos para asistir a los 50 estados de la unión, miles de hondureños sin estatus legal se ven obligados a conducir entre 15 y 17 horas para tramitar un documento de identidad.
Caro advirtió que este traslado representa un riesgo inmenso de detención y deportación para los compatriotas que no cuentan con licencias o identificación válido.
Por ello, planteó un plan de "consulados móviles permanentes" con calendarios bimestrales o trimestrales focalizados en los cinco megacorredores donde se concentra el grueso de la diáspora: Los Ángeles, Houston, Nueva York, Charlotte y Miami.
