que detalla el manejo presupuestario en la Secretaría de Educación (SEDUC) durante el periodo 2022-2026. El documento señala que la institución sumó 4.191 empleados en esa administración, mientras los centros públicos registraron una pérdida de 87.134 estudiantes.
La investigación documenta anomalías de esa gestión, como 366 docentes que cobraban cuatro o más plazas de forma simultánea y registros duplicados en municipios distantes.
Asimismo, la ASJ indicó que 85 de cada 100 lempiras asignados a la SEDUC se destinaron al pago de salarios, reduciendo el margen de inversión en infraestructura escolar.
Entre los datos expuestos por el organismo figuran salarios fuera de rango, duplicidad en cargos de directores departamentales y el incremento de asistencias técnicas.
La organización planteó la necesidad de auditar el recurso humano para priorizar la atención directa en las aulas y fiscalizar el uso de los fondos públicos.
Hallazgos sobre el incremento de personal y duplicidad
El informe presentado por Anajansi Alvarado, directora de Educación de la ASJ, detalla que la planilla docente creció un 4,7 % y la administrativa un 21 % entre 2022 y 2026, a pesar de la caída en la matrícula escolar.
Además, se denunció que en el Nivel Central la nómina aumentó un 72 %, con 314 contrataciones adicionales.
Entre las irregularidades detectadas se mencionan 193 docentes asignados a labores en direcciones departamentales a pesar de tener plaza en el aula, con un costo mensual de 4,8 millones de lempiras.
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El informe también señala que personal de conserjería y vigilancia percibió salarios de hasta 60.000 lempiras mensuales, superando el promedio habitual para esos puestos.
La ASJ apuntó a desequilibrios en la distribución del recurso humano entre departamentos como Colón y Cortés.
Ante esta situación, la entidad recomendó revisar las asistencias técnicas y reasignar al personal administrativo a las funciones docentes correspondientes.
Propuestas de auditoría y reordenamiento institucional
Para corregir las falencias detectadas en la administración anterior, la ASJ sugirió redistribuir al personal docente conforme a la carga real de estudiantes por departamento, dando prioridad a la educación primaria.
La organización enfatizó que las plazas administrativas y de asesoría deben justificarse con base en criterios técnicos.
Asimismo, el organismo solicitó verificar la asistencia efectiva del personal con múltiples plazas y transparentar los resultados de las revisiones presupuestarias vigentes.
Según la ASJ, un control riguroso de la nómina es fundamental para garantizar que los recursos públicos fortalezcan la calidad de la enseñanza en el país.
Los señalamientos de la sociedad civil reabren el debate sobre la eficiencia en la administración del presupuesto educativo y la urgencia de establecer mecanismos de control más estrictos en las contrataciones estatales dentro del sistema público de Honduras.
Exministro de Educación responde y defiende las contrataciones estatales
En respuesta al informe sobre su gestión (2022-2026), el exministro de Educación rechazó los hallazgos de la ASJ y cuestionó los datos presentados.
Con base en registros de la plataforma SACE, la exautoridad afirmó que la matrícula aumentó en niveles como preescolar y educación media, destacando además programas de alfabetización.
El exfuncionario explicó que el incremento de plazas permitió otorgar estabilidad laboral a los docentes del programa Proeco y contratar formalmente a personal de apoyo en los centros educativos, cuya carga salarial antes recaía en los padres de familia.
También justificó la implementación de asistencias técnicas para evitar la salida de maestros de las aulas hacia labores administrativas.
Finalmente, el exministro propuso un pacto nacional por la educación que involucre a los distintos sectores para consolidar políticas a largo plazo.
Las diferencias sobre el impacto de las contrataciones y la gestión del periodo anterior continúan generando distintas reacciones en el ámbito político y social de Honduras.
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