"Con esto, damos por iniciado formalmente el proceso de selección y elección de las máximas autoridades del Ministerio Público", declaró la secretaria del Poder Legislativo en su comparecencia ante los medios de comunicación.
En este sentido, la Comisión Especial, que cuenta con representación multipartidaria, se encargará de asegurar la publicidad, oralidad y supervisión para garantizar la transparencia en la evaluación de los currículos de los cinco candidatos propuestos por la Junta Proponente para ocupar la titularidad de la Fiscalía.
La lista de aspirantes está conformada por: Jenny Gabriela Almendarez Flores, Mario Alexis Morazán Aguileras, Marcio Cabañas Cadillo, Johel Antonio Zelaya Álvarez y Pablo Emilio Reyes Theodore.
Por su parte, la Comisión Especial está compuesta por: Luz Angélica Smith (Libre), Rafael Sarmiento (Libre), Mario Segura (Liberal), Ligia Ramos (PSH), Isis Cuéllar (Libre), Mario Pérez (Nacional), Héctor Aguilar (Libre), Yahvé Sabillón (Libre), Carlos Raudales (DC), Karen Martínez (PAC), Héctor Vidal Cerrato (Liberal).
VEA: Congreso Nacional inicia semana de consensos para elegir al fiscal general y adjunto
Esta comisión presentará un informe con sus observaciones ante el Pleno del Legislativo, y posteriormente, a más tardar el 31 de agosto, los 128 diputados deberán elegir por mayoría calificada (86 votos a favor) al fiscal general y fiscal general adjunto para el periodo 2023-2028. Estos funcionarios asumirán sus funciones el 1 de septiembre.
De acuerdo con el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo (LOPL), el actual fiscal general, Óscar Chinchilla, y el fiscal general adjunto, Daniel Sabrián, cuyos mandatos terminan el 31 de agosto, continuarán en sus cargos hasta que el Congreso Nacional designe a sus sucesores.
Por otro lado, la presidenta del Poder Ejecutivo, Xiomara Castro, ha convocado a una manifestación para el 29 de agosto, con el objetivo de presionar por la designación de nuevos líderes en el Ministerio Público. Sin embargo, esta convocatoria ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad, quienes la consideran como una interferencia en el proceso.
