Antes de este hecho, la presidenta Xiomara Castro convocó a una movilización programada para el 29 de agosto, con el propósito de exigir la elección del fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público para el período 2023-2028. La votación se lleva a cabo en el Congreso Nacional y debe ser completada antes del 1 de septiembre, fecha en la que concluye el mandato de cinco años del actual titular de la Fiscalía, Óscar Chinchilla.

"El Congreso Nacional ha estado sometido a un boicot por aquellos que no quieren transparencia, que se oponen al combate a la corrupción y que quieren impedir que se elija al fiscal general y adjunto, como manda la Constitución", expresó la gobernante el viernes durante la inauguración de un campo de fútbol en el municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán.

Ante esta situación, el exprecandidato presidencial, Nelson Ávila, interpreta que estas situaciones de carácter político pueden tener un impacto negativo en la disposición de Naciones Unidas para establecer la CICIH. Asimismo, considera que la elección del fiscal general, que requiere una mayoría simple (86 votos de los 128 diputados), está siendo obstaculizada por las tres fuerzas políticas más influyentes: el Partido Nacional, el Partido Liberal y el partido oficialista, Libertad y Refundación (Libre).

"Con un llamado de esta naturaleza, en una sociedad dividida, generamos una mayor paralización. Exhortaría a quienes asesora a la presidenta Xiomara Castro, que más bien haga llamado a la unidad de la nación, en una nación dividida no hay posibilidades de desarrollo", comentó en el noticiero TN5 del Canal 5.

En un enfoque más optimista, Ávila espera que la CICIH pueda ser establecida en los primeros meses de 2024.

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Misión de la ONU

Esta visita, que se extenderá hasta el 19 de agosto, constituye la segunda misión de la comisión de expertos de la ONU en Honduras, tras la realizada a principios de julio, en la que tuvieron la oportunidad de reunirse con la presidenta del país, Xiomara Castro, altos funcionarios gubernamentales y representantes de la sociedad civil, entre otros actores.

La llegada de la CICIH respaldada por la ONU para combatir la corrupción fue una promesa de campaña de la presidenta Castro, compromiso que reafirmó al asumir el cargo el 27 de enero de 2022.

El Gobierno hondureño y las Naciones Unidas rubricaron un memorándum de entendimiento (MOU) el 15 de diciembre en Nueva York, con el propósito de establecer la CICIH. Posteriormente, el 26 de abril, la ONU obtuvo la aprobación del Ejecutivo en relación a los términos de referencia para el envío del equipo de expertos.

La misión de la ONU respaldará la preparación para la eventual creación de "un mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo para luchar contra la corrupción y la impunidad". Además, llevará a cabo una evaluación de los instrumentos, instituciones y capacidades del país en la lucha contra la impunidad y la corrupción, así como en su enjuiciamiento, según las indicaciones de Naciones Unidas.

Adicionalmente, ofrecerá orientación y apoyo técnico, y colaborará en la identificación de las reformas constitucionales, legales y administrativas requeridas en la legislación hondureña para la eventual puesta en marcha de la CICIH.

Los términos del acuerdo bilateral necesario para la implementación del mecanismo en cuestión serán objeto de negociación entre la Secretaría General de la ONU y el Gobierno hondureño.

Según lo establecido por la ONU, la implementación del mecanismo internacional contra la corrupción estará sujeta a la entrada en vigor del acuerdo, a la existencia de un acuerdo por escrito sobre las garantías legales mínimas y los requisitos para el funcionamiento de la comisión, y a la concesión del mandato correspondiente por parte de un órgano intergubernamental de Naciones Unidas.

La designación de la dirección de la Comisión recaerá en el secretario general de la ONU, asegurando así su independencia, imparcialidad y autonomía, tal como lo establece Naciones Unidas.

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