Estar recluido en un módulo de máxima seguridad debería significar mayor control sobre lo que ocurre alrededor de un privado de libertad. La defensa de Iván Velásquez, exgerente de Koriun Inversiones, sostiene ahora lo contrario: asegura que allí “corre peligro”.
Ese argumento está en el centro de la nueva batalla judicial del caso Koriun y los abogados buscan sustituir la prisión preventiva que pesa sobre Velásquez.
La idea es que enfrente el proceso desde su vivienda, bajo arresto domiciliario y vigilancia policial.
El movimiento ocurre mientras el exgerente está bajo proceso por lavado de activos, dentro de una investigación que comenzó a sacudir a Koriun en abril de 2025 y que dejó al descubierto millonarias cantidades de efectivo.
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¿Por qué quieren sacar a Iván Velásquez de máxima seguridad?
La defensa sostiene que existen condiciones para modificar la medida cautelar y sacar a Iván Velásquez del módulo de máxima seguridad donde permanece recluido.
Uno de sus principales argumentos es precisamente el riesgo que, según sus abogados, enfrenta mientras permanece en ese lugar.
La propuesta no supone que Velásquez quede libre. La petición consiste en que permanezca bajo arresto domiciliario con vigilancia policial y comparezca ante las autoridades durante el desarrollo del proceso penal.
Sus abogados también invocaron el principio de independencia judicial y manifestaron que esperan que la petición la resuelva el órgano jurisdiccional sin interferencias externas.
La decisión queda ahora en manos de la justicia, que deberá determinar si existen razones suficientes para cambiar nuevamente las condiciones bajo las cuales el exgerente enfrenta el proceso.
De Koriun a un módulo de máxima seguridad
El nombre de Iván Velásquez quedó en el centro del caso después de que el Ministerio Público interviniera Koriun Inversiones por indicios de captación irregular de dinero.
Según las autoridades, la empresa realizaba operaciones sin contar con autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
El 23 de abril de 2025, el Ministerio Público ejecutó allanamientos en la sede principal de Koriun en Choloma.
Además en establecimientos ubicados en Juticalpa, Santa Bárbara, Choluteca, Copán y Danlí. También fue allanada la vivienda de Velásquez.
La investigación derivó posteriormente en acciones penales contra el exgerente, quien fue acusado inicialmente por lavado de activos, desobediencia y tenencia ilegal de armas.
Los millones encontrados durante los allanamientos
Los operativos dejaron uno de los capítulos más llamativos del caso: millones de lempiras en efectivo que encontraron en diferentes propiedades intervenidas, según los reportes de las autoridades.
El mayor monto atribuido a un solo lugar apareció precisamente en la vivienda de Iván Velásquez: L125 millones.
En la sede de Koriun en Choloma se encontraron otros L51.7 millones; Juticalpa, L62.9 millones; en Santa Bárbara, L58.4 millones; y en Choluteca, L50.7 millones.
Los reportes también señalaron aproximadamente L8 millones en La Entrada, Copán, y L1.5 millones en Danlí.
Solo esas cantidades suman más de L358 millones en efectivo, una dimensión que convirtió los allanamientos en uno de los episodios centrales de la investigación.
El dinero de los inversionistas sigue detrás del caso Koriun
Mientras el proceso penal avanza, otro frente permaneció abierto: qué ocurriría con el dinero entregado por los inversionistas a Koriun.
Después de la intervención, las autoridades anunciaron un procedimiento para devolver parte de los fondos localizados en cuentas bancarias de la empresa, bajo supervisión de la CNBS y la Fiscalía.
Recuperar esos recursos se convirtió en una de las principales exigencias de las personas que colocaron dinero en Koriun antes de que las autoridades intervinieran sus operaciones.
Ahora el expediente abre una batalla distinta, ya no se trata de allanamientos ni de contar millones encontrados en efectivo, sino de decidir desde dónde Iván Velásquez enfrentará lo que queda del proceso.
Su defensa quiere sacarlo de máxima seguridad alegando que corre peligro y propone devolverlo al arresto domiciliario.
La última palabra, sin embargo, la tendrá un juez quien valorará si existe el riesgo alegado y se le abre nuevamente la puerta de la cárcel para enviarlo a casa bajo vigilancia.
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