En un controvertido fallo emitido por la Corte de Apelaciones de La Ceiba, se declaró con lugar la apelación presentada por el Ministerio Público contra el sobreseimiento de seis defensores del río Guapinol, incluyendo a Juan López, asesinado el 14 de septiembre de 2014, en Tocoa.
A pesar de que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU ya había declarado que los procesos penales contra estos defensores son arbitrarios, las magistradas Viany Cruz Recarte, Dilian Irasema Guillén Sánchez y Roxana Ninoska Cálix Zúñiga decidieron continuar con el proceso judicial.
Los acusados, Juan López, Leonel George, Reynaldo Domínguez, Eugenio Esquivel y Marco Tulio Ramos, les imputan delitos como privación injusta de la libertad, incendio agravado, robo y asociación ilícita, en perjuicio de Santos Hernández Corea, la empresa Los Pinares y la seguridad interior del Estado de Honduras.
Indignados
Esta decisión desata una indignación entre la comunidad del departamento de Colón, aún conmocionada por el reciente asesinato de López, un defensor incansable del medio ambiente.
"Es indignante que el sistema de justicia siga persiguiendo a Juan incluso después de su muerte", declaró Joaquín Mejía, defensor de derechos humanos.
Y agregó que "las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público deben investigar a los funcionarios que persiguen a defensores de los bienes comunes mientras ignoran a los verdaderos criminales".
Rechazo
La resolución genera un rechazo entre los pobladores y organizaciones defensoras de los derechos humanos, que consideran este fallo como un nuevo golpe a quienes luchan por la protección de los recursos naturales.
Desde 2019, los defensores de Guapinol son perseguidos por la Fiscalía de Tocoa, y la noticia de la reapertura del caso abre de nuevo el dolor en una comunidad que no se recupera del luto.
"Es indignante, estamos molestos. Exigimos el cese inmediato de la persecución de nuestros compañeros y que las autoridades investiguen y desmantelen de una vez por todas las estructuras criminales que criminalizan y asesinan a quienes defienden nuestros recursos", afirmó un miembro del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Colón.
El fallo de la Corte de Apelaciones revive la batalla legal contra los defensores de Guapino y también pone en evidencia la persistente criminalización de quienes luchan por la vida, incluso después de ser asesinados por defender su causa.
