La Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) emitió una opinión favorable sobre las reformas que se pretenden realizar al Código Penal, la cual será remitida al Congreso Nacional de Honduras en las próximas horas.

Entre las reformas promovidas están sanciones más duras para el delito de extorsión y feminicidio; declarar como organizaciones terroristas a estructuras criminales (particularmente maras y pandillas); el uso de herramientas como los grilletes electrónicos y regulación de billeteras electrónicas.

Sin embargo, tanto autoridades judiciales como expertos en derecho penal coincidieron en que el proceso debe manejarse con cuidado para evitar abusos y violaciones a derechos fundamentales.

El magistrado Mario Díaz explicó que el análisis realizado por el pleno de magistrados consistió en contrastar las reformas propuestas con la legislación vigente y los tratados internacionales suscritos por el país.

"Lo que se pretende es que cualquier tipo de reforma no colisione con la Constitución de la República ni con los derechos humanos", señaló.

Díaz detalló que, si bien la opinión es favorable, incluye observaciones importantes.

"En algunos aspectos la opinión es favorable, en otros se advierte que hay que tener ciertos cuidados para no incurrir en abusos al momento de implementar la norma", enfatizó.

Agregó que el objetivo es encontrar un equilibrio entre el combate a la criminalidad y el respeto a las garantías individuales.

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Endurecimiento de penas no es la solución al crimen

Por su parte, el abogado penalista Félix Ávila coincidió en la necesidad de actuar con prudencia y cuestionó que el endurecimiento de penas sea la solución principal.

"El endurecimiento de las penas no necesariamente es una medida adecuada para combatir la criminalidad", advirtió.

Ávila subrayó que el problema de fondo radica en la debilidad investigativa e insistió que "de nada sirve establecer penas más altas si no se realizan investigaciones".

Sobre el delito de extorsión, uno de los puntos centrales de la reforma, el penalista lo calificó como complejo y reiteró que requiere denuncia para activar la acción estatal.

"Una vez iniciada la denuncia, los cuerpos de seguridad y el Ministerio Público tienen que actuar de oficio", explicó.

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Declarar terroristas a pandilleros

Asimismo, alertó sobre posibles confusiones en la redacción de las reformas, especialmente en la intención de catalogar como terroristas a ciertos grupos.

"Aquí no se trata de que se denomine una mara o pandilla terrorista para que ya se acabe el tema de la extorsión u otro tipo de delitos. Aquí hay que ir caso por caso. Aquí tienen que investigarse los hechos específicos, investigarse debidamente y que el Ministerio Público presente el caso con las pruebas contra los tribunales para que se condene a una persona", apuntó.

Por su parte, el diputado Carlos Ledezma reiteró que la opinión de la CSJ servirá como insumo para la discusión legislativa y reconoció la importancia de evitar errores del pasado, particularmente en la aplicación de medidas que puedan derivar en abusos.