La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró este miércoles al Estado de Honduras responsable de violar los derechos de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros, al no garantizar la consulta previa, libre e informada y permitir un clima de hostigamiento que afectó su territorio, subsistencia e identidad cultural.
La comunidad garífuna de Cayos Cochinos se ha asentado históricamente en el archipiélago homónimo, donde su vida diaria, economía y cultura están estrechamente vinculadas al mar y a la pesca artesanal.
En 2023, la comunidad afectada presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que posteriormente lo elevó a la CorteIDH para su resolución final.
Procesos legales de garífunas para títulos de propiedad
Aunque la comunidad garífuna obtuvo títulos de propiedad plena sobre sus cayos entre 2006 y 2007 tras un proceso que comenzó en 2000, el Estado declaró y gestionó el área como protegida, creó y amplió el Monumento Natural Marino, aprobó planes de manejo, la Ley de Pesca y autorizó actividades turísticas y televisivas sin su participación ni consulta. Tampoco les otorgó facultades de administración sobre el territorio.
La CorteIDH concluyó que estas acciones violaron los derechos a la propiedad colectiva, participación, acceso a la información, identidad cultural, alimentación y la integridad personal de la comunidad.
La falta de investigación frente a amenazas y agresiones contra integrantes de la comunidad también constituyó una violación del derecho a la protección judicial.
Además, el tribunal destacó que la imposición de actividades turísticas y reality shows desde 2006 restringió temporalmente el acceso al territorio y afectó la pesca artesanal, vital para la subsistencia de la comunidad.
La ausencia de regulación y medidas preventivas, sumada a la exclusión de la administración del área protegida y la presencia militar, generó un clima de hostigamiento incompatible con el ejercicio de sus derechos culturales y alimentarios.
La orden de la Corte IDH a Honduras
El fallo ordena al Estado de Honduras garantizar la consulta previa, libre e informada, permitir la participación de la comunidad en la gestión del Monumento Natural Marino, investigar las denuncias, publicar la sentencia y pagar las indemnizaciones correspondientes por daños materiales e inmateriales.
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