Con dicho decreto, el Gobierno de la República da el primer paso para privatizar los servicios del alumbrado público que por ahora está en manos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

En un considerando el acuerdo de la CEEE claramente dice que la Ley General de la Industria Eléctrica establece que, el servicio de alumbrado público será suministrado por una o más empresas constituidas para ese fin.

Ya en el artículo 2 del mismo acuerdo en el ámbito de la aplicación, se dice que las presentes disposiciones reglamentarias son de aplicación para todos los sistemas de alumbrado público que sean operados por las empresas suministradoras de dicho servicio.

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Durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) se realizó algunos intentos para privatizar el alumbrado público de la ENEE, un jugoso servicio público que deja 52 millones de lempiras mensuales a la institución.

En el artículo 5 de esta publicación oficial, ya detalla la CREE las obligaciones de la empresa suministradora del servicio de alumbrado público. También, el numeral 5, ya establece el servicio de atención al usuario de la empresa que se quede con el jugoso negocio.

Rechazo

 Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), rechazó la intención de la CREE de querer privatizar la red de alumbrado público del país.

"Ante este zarpazo, alertamos a los trabajadores y rechazamos con contundencia esta acción de la CREE", manifestó Aguilar.

Además, el sindicalista agregó que con esto, el sistema privado es el que tendrá relación con el cliente y no la empresa estatal.

De su lado, el diputado nacionalista Nelson Márquez, recordó que el Gobierno de turno durante campaña electoral prometió que no privatizaría los servicios públicos.

"Hoy vemos que una de esas promesas de que no iban a privatizar absolutamente nada, no la están cumpliendo, porque están publicando en La Gaceta que van a privatizar el alumbrado eléctrico", refirió Márquez.

De igual forma, el jefe de la bancada de Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, rechazó cualquier iniciativa tendiente a tercerizar los servicios públicos, que en algunos casos se prestan para actos irregulares.

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