La casa que compartían en la colonia Montefresco de San Pedro Sula fue el escenario del crimen.

Allí vivía Julio Andrés Escobar Varela junto a su pareja, Walter Elías Murillo, un exmiembro de la Policía Militar del Orden Público. Aquel hogar, que debía ser un refugio, se convirtió en una trampa mortal.

Según el Ministerio Público, Murillo no solo fue testigo del asesinato de Julio Andrés, sino pieza clave para que ocurriera.

En la audiencia de individualización de la pena celebrada en la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia, fiscales de la Regional del Norte solicitaron 29 años con dos meses de prisión para el exmilitar.

Y también, 25 años para Omar Alexis Escobar Villeda, a quién señalan como autor material del crimen.

Un crimen con las puertas abiertas

La noche del 18 de abril de 2019, según detalló la Fiscalía, Walter Elías Murillo dejó deliberadamente abierto el portón y la puerta principal de la casa.

Esa fue la señal. Omar Alexis Escobar Villeda, a quién contrató para asesinar a Julio Andrés, entró sin obstáculos. Dentro, frente a Murillo, ejecutó el crimen.

Los fiscales acusan a Murillo de parricidio agravado, por su rol de pareja sentimental y por actuar con premeditación.

A Omar Escobar se le imputa asesinato. Ambos están a la espera de conocer su condena final, que de ser aceptada por el tribunal, los enviará por décadas a la Penitenciaría Nacional.

Víctima de la diversidad silenciada con violencia

Julio Andrés Escobar Varela era parte de la comunidad LGBTIQ+, un grupo que en Honduras es víctima de múltiples formas de violencia.

Su asesinato no solo suma a las cifras de crímenes de odio, sino que evidencia cómo el peligro puede venir desde los espacios más íntimos y de quienes deberían brindar protección.

Para los fiscales, este caso refleja una traición profunda: la de un amor que se convirtió en muerte, y la de una confianza que se quebró por la violencia.

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Justicia pendiente

Con la exposición de pruebas completa, el caso está en manos del tribunal. La petición de la Fiscalía apunta a castigos ejemplares para ambos responsables.

Organizaciones de derechos humanos y activistas LGBTIQ+ siguen el caso de cerca, esperan que el fallo refleje la gravedad del crimen y el mensaje que debe enviarse contra la violencia por prejuicio.

Julio Andrés ya no puede hablar. Pero la justicia aún tiene la oportunidad de decir algo por él.