A menos de un mes de las elecciones generales, Honduras atraviesa una doble crisis institucional: el Congreso Nacional (CN) se encuentra paralizado por disputas internas, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta una controversia legal inédita. Ambos escenarios reflejan un momento de tensión que podría definir el rumbo político del país.

En el Congreso, la pugna gira en torno a la ampliación del período de sesiones ordinarias decretada por más de 70 diputados autoconvocados, en contraposición con la amenaza del presidente del Legislativo, Luis Redondo, de instalar la Comisión Permanente.

En paralelo, el CNE enfrenta divisiones tras la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) que ordenó inscribir a dos candidatos a diputados, generando posturas enfrentadas entre los consejeros Marlon Ochoa y Cossette López Osorio.

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Un país en medio de un choque constitucional

El programa Frente a Frente abordó este viernes la crisis institucional bajo la pregunta: “¿Qué valida usted como ciudadano: la ampliación del período de sesiones ordinarias o la instalación de la Comisión Permanente?”.

En el debate participaron los abogados René Adán Tomé, asesor legal del Congreso Nacional, y Oliver Erazo, constitucionalista.

Ambos coincidieron en que Honduras vive un momento crítico, aunque difirieron en la interpretación de los límites legales del Poder Legislativo.

Tomé defendió la posición de la presidencia del Congreso, asegurando que solo el titular del CN está facultado para convocar sesiones, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Esto en alusión a la autoconvocatoria atendida por diputados de oposición el martes 28 de octubre, donde decidieron la prórroga de las sesiones legislativas desde el 1 de noviembre hasta el 25 de enero de 2026.

Tomé explicó que el período ordinario de sesiones finaliza el 31 de octubre, y que la prórroga decretada por los diputados carece de fundamento legal. “Las sesiones extraordinarias proceden únicamente en recesos, no dentro de un período ordinario”, precisó.

A su juicio, el conflicto surge por la falta de consensos entre bancadas, lo que mantiene paralizado el Congreso y profundiza la crisis institucional.

El artículo 191 en debate: control o ruptura

En contraste, el abogado Oliver Erazo sostuvo que la autoconvocatoria de los 70 diputados tiene asidero constitucional en el artículo 191, que permite convocar extraordinariamente al Congreso cuando el titular impida el funcionamiento del pleno.

Según Erazo, la inactividad del Legislativo constituye “una forma de impedimento por fuerza mayor” que justifica la acción de los diputados.

“Cuando el Congreso no funciona, la democracia se ve amenazada. La mayoría debe ejercer control para garantizar la representación del pueblo”, afirmó.

Como salida a la crisis, Erazo planteó dos alternativas: que la presidenta Xiomara Castro convoque a sesiones extraordinarias con el único fin de extender el período ordinario, o que Luis Redondo interponga una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de los autoconvocados, conforme a la ley.

Una crisis que pone a prueba la democracia

El debate entre ambos juristas dejó claro que el país enfrenta un choque de poderes sin precedentes.

Mientras el Congreso continúa en parálisis, el CNE navega entre decisiones judiciales y tensiones políticas, en un contexto donde cada institución parece operar bajo su propia interpretación de la ley.

A 29 días de las elecciones, la pregunta central sigue abierta: ¿prevalecerá la legalidad institucional o la voluntad política?