La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras remitió su opinión consultiva al Congreso Nacional respecto al paquete de reformas penales.
El pleno de magistrados revisó la propuesta formulada inicialmente por el Poder Legislativo e introdujo importantes observaciones orientadas a garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos humanos.
Aunque el Poder Legislativo busca endurecer las sanciones contra el crimen organizado, la Corte Suprema de Justicia recomendó equilibrar las medidas punitivas con herramientas jurídicas de investigación.
Tras conocer el informe, la junta directiva trasladó los insumos a la Comisión de Seguridad para su evaluación antes del dictamen final.
Se prevé que el próximo martes el pleno de diputados discuta y debata la aprobación de estas modificaciones legales.
La postura del Poder Judicial marca un punto clave de contrapeso en la definición de las nuevas estrategias de combate a la delincuencia en el país.
Colaboración eficaz y controles en allanamientos
Frente a la intención del Congreso Nacional de suprimir completamente la libertad condicional y preliberación a condenados por terrorismo o narcotráfico, el Poder Judicial plantea alternativas.
La CSJ sugiere otorgar beneficios procesales a quienes aporten información valiosa, reavivando el debate sobre la necesidad de aprobar una Ley de Colaboración Eficaz en Honduras.
Lee también: Policía explica cómo identificar tatuajes vinculados a pandillas en Honduras
En lo relativo a los registros domiciliarios, el texto inicial contemplaba ejecutar allanamientos sin orden judicial previa en situaciones específicas.
No obstante, el alto tribunal precisó que todo procedimiento de esta índole debe contar obligatoriamente con acompañamiento fiscal y con la debida convalidez o convalidación de un juez.
Criterios sobre tatuajes y delito de atentado
Uno de los aspectos más controvertidos giraba en torno al uso de la simbología corporal para detener y encarcelar a presuntos miembros de maras y pandillas.
La Corte Suprema de Justicia advirtió formalmente que la portación de tatuajes no puede constituir por sí sola un elemento determinante para atribuir responsabilidad penal a un ciudadano.
Asimismo, surgieron discrepancias marcadas respecto a las penas fijadas para el delito de atentado.
Mientras la propuesta legislativa pretendía elevar las condenas hasta un rango de 8 a 10 años de prisión, los magistrados recomendaron un ajuste moderado de 3 a 4 años de reclusión.
Trámite legislativo y evaluación en comisión
Todos los aspectos observados por el tribunal fueron remitidos de inmediato a los integrantes de la Comisión de Seguridad del parlamento.
Los legisladores analizarán si incorporan las recomendaciones de la CSJ al texto definitivo que se someterá a votación.
Con este paso, el Estado de Honduras avanza en la construcción del segundo paquete de reformas de seguridad.
Las bancadas políticas deberán consensuar entre la severidad de las penas planteadas por la Cámara Legislativa y las garantías constitucionales requeridas por la máxima instancia de justicia.
De tu interés: Bukele otorgaría libertad condicional al 50 % de presos en El Salvador
