Este caso gira en torno a acusaciones de fraude y lavado de activos presentadas por Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) del Ministerio Público.
Según una resolución emitida por el pleno de magistrados del Supremo hondureño, se nombró al magistrado coordinador de la Sala de lo Penal, Walter Miranda, como juez natural.
Esta designación le otorga a Miranda la autoridad para emitir órdenes de captura contra los exmandatarios y los exfuncionarios acusados por el Ministerio Público.
Sin embargo, Juan Orlando Hernández se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, Nueva York (Estados Unidos), a la espera de su juicio por tráfico de drogas.
Además, el pleno de magistrados designó a las magistradas Francisca Villela y Gaudy Bustillo, junto con el magistrado Nelson Mairena, para que conozcan y evalúen los posibles recursos que puedan presentarse a lo largo del proceso.
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Estos recursos podrían provenir tanto de las defensas legales de los acusados como del propio Ministerio Público.
Pandora II
El caso Pandora II involucra la presentación de requerimientos fiscales por parte de la Uferco contra los expresidentes Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, así como otros seis exfuncionarios , incluyendo a Wilfredo Cerrato, quien se desempeñó como secretario de Finanzas y presidente del Banco Central de Honduras (BCH).
Lobo Sosa enfrenta cargos de fraude, mientras que Hernández se enfrenta a acusaciones de fraude y lavado de activos.
Las acusaciones se centran en una supuesta red de corrupción que habría facilitado el desvío de fondos por un total de L 288,016,175.00 destinados originalmente a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) durante los años 2010 y 2013.
Los fiscales alegan que estos fondos se desviaron hacia campañas electorales del Partido Nacional, utilizando empresas ficticias, prestanombres y contratos falsos en lugar de cumplir con su propósito original de ejecutar proyectos sociales a través de las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista.
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