El fiscal general, Johel Zelaya, anunció el lunes en cadena nacional que el Ministerio Público retomará los casos que en su momento presentó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) después de su creación en enero de 2016.

"He retomado los casos en poder del Ministerio Público que dejó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH); la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) tiene esta responsabilidad", informó Zelaya.

La Uferco fue creada en 2020 tras la salida de la MACCIH en sustitución de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).

La MACCIH presentó 12 casos de corrupción que involucran a exfuncionarios públicos, diputados y la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, entre otros, quienes fueron llevados ante los juzgados del país.

Zelaya aseguró que no se trata de persecución política, sino que el Ministerio Público perseguirá el delito.

"La corrupción público privada de alto impacto nos ha robado el presente y futuro y ha ocasionado un grave daño al país", indicó el fiscal general.

Entre los delitos cometidos están lavado de activos, malversación de caudales públicos y violación a los deberes de los funcionarios.

Casos de corrupción revelados por la Maccih

Red de diputados:

El 13 de diciembre de 2017 resultaron implicados en el caso Red de Diputados, los parlamentarios Augusto Cruz Asensio, Héctor Enrique Padilla y Audelia Rodríguez, del partido Va Movimiento Solidario (Vamos), Dennys Sánchez, del Partido Liberal, y Eleázar Juárez, de Libertad y Refundación (Libre).

Según la investigación de la MACCIH, fueron desviados 8.3 millones de lempiras, fondos destinados para ONG's.

Caja chica de la dama:

El 28 de febrero de 2018, la ex primera dama de Honduras (2010-2014), Rosa Elena Bonilla de Lobo, fue capturada y acusada de extraer de forma irregular 12.2 millones de lempiras y pasarlos a su cuenta personal.

Los delitos imputados en su contra son malversación de caudales públicos, fraude y lavado de activos. El caso abarca además a Saúl Fernando Escobar Puerto, Gisela Patricia Bonilla y Manuel Mauricio Mora.

En 2019, un tribunal de sentencia la condenó a 58 años de prisión por delitos de fraude y apropiación indebida. Sin embargo, al aprobarse el nuevo Código Penal, por el efecto retroactivo de la pena, el juicio se repitió y en 2022 se le impuso una condena de 16 años, pero fue dejada en libertad debido a que la sentencia tardó más tiempo del que por ley podía estar en prisión preventiva.

Pacto de impunidad:

El 25 de mayo de 2018, la MACCIH presentó un requerimiento fiscal contra los diputados Tomás Zambrano y Román Villeda Aguilar por delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno. Le dictaron un sobreseimiento definitivo a Zambrano y auto de formal procesamiento a Villeda Aguilar.

Caso Pandora:

El 15 de junio de 2018, la MACCIH acusó a 38 personas, entre ellos exfuncionarios y diputados del Congreso Nacional (Elvin Ernesto Santos Ordóñez, Celín Discua y Rodolfo Irías Navas), por haber participado en el desvío de 282,016,175 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para financiar sus campañas políticas.

Los tres congresistas fueron señalados de abuso de autoridad, lavado de activos, fraude y malversación de caudales públicos.

Caja chica del hermano:

El 5 de noviembre de 2018 se reveló el desvío de 8 millones 400 mil lempiras del presupuesto de Casa Presidencial, caso que salpicó al hermano del expresidente Porfirio Lobo Sosa, Ramón Lobo, y al exsecretario de Estado en Administración y Gestión Financiera en Casa Presidencial, Wilfredo Francisco Cerrato Durón.

Licitación Fraudulenta del Seguro Social:

El 4 de diciembre de 2018, al menos 12 hondureños fueron señalados por los delitos de fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.

La Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) accedió a firmar contratos con empresas a las cuales se les pagó millonarias cantidades por productos sobrevalorados.

Arca abierta:

El 11 de diciembre de 2018, diputados y excongresistas fueron señalados de malversar 21.1 millones de lempiras a través de la asociación 'Planeta Verde'. Los imputados fueron Juan Carlos Valenzuela Molina, Gladis Aurora López Calderón, Gustavo Alberto Pérez Cruz, Welsy Milena Vásquez López y Miltón Jesús Oseguera. Además Carlos Humberto Bonilla Aguiriano, Audelia Rodríguez Rodríguez, Edwin Roberto Pavón León, Hernán Enrique Vindel Mourra, Fabricio Puerto Oseguera y Óscar Arturo Álvarez Guerrero.

También Gregorio Alberto González Rivera como extraneus. Estela Lisseth Muñoz Hernández, Arnold Gustavo Castro Hernández, Ana Lucía Castro López, Yajaira Lisbeth Talbboth Villatoro, José Alejandro Flores Zúniga, Indira Virginia Osorio Reyes, Iveth Salomé Navas Suazo, Geovanny Castellanos Deras y Allan Arony San Martín Vallejo, como cómplices del delito de malversación pública.

Fraude sobre el Gualcarque:

El 4 de marzo de 2019 fueron señaladas 16 personas por los delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos por presuntas irregularidades cometidas en diferentes concesiones de recursos hídricos, en uno de ellos para favorecer a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).

Los implicados son Roberto David Castillo Mejía, Carolina Lizeth Castillo Argueta, expresidenta del Sindicato de Trabajadores de la ENEE, Roberto Aníbal Martínez Lozano, exgerente de la ENEE; Raúl Pineda Pineda, Julio Rivas Bonilla, Julio Alberto Perdomo Rivera, Catarino Alberto López, Luis Eduardo Espinosa Mejía, Ana Lourdes Martínez Cruz, Aixa Gabriela Zelaya Gómez, Darío Roberto Cardona Valle, Mauricio Fermín Reconco Flores, José Mario Carbajal Flores, Óscar Javier Velázquez Rivera, Julio Ernesto Eguigure Aguilar y Isaida Odilia Pinel.

Patuca III Colusión y corrupción:

El 18 de marzo de 2019, diez personas fueron acusadas de defraudar al Estado a través de la ENEE por varios millones de lempiras.

Los implicados en este caso fueron Elia Virginia Medina Zúñiga, Gabriel Prieto Gutiérrez, Juan José Villeda Mejía, Renán Alexis Maldonado, Luisa Sofía Figueroa Claré. Asimismo, Waldina Lizette Salgado, Francisco Arturo Mejía, Roberto Arturo Salgado, Ada Amalia Puerto Ramírez y Suyapa Lorena Rivera. Gabriel Prieto se mantiene prófugo. En este caso, jueces determinaron que no había fraude y los sobreseyeron a todos.

Aseguramiento de bienes de la Caja chica de la dama:

El 20 de marzo de 2019, la MACCIH solicitó al juzgado de Privación de Dominio, medidas cautelares de bienes de la ex primera dama Rosa Elena de Lobo, por valor de algo más de 3.6 millones de lempiras por el caso 'Caja chica de la dama'

Aseguramiento de bienes Caja chica de la dama II:

El 22 de mayo de 2019, la Ufecic realizó tres allanamientos más en una nueva línea de investigación en el caso Caja chica de la dama.

Dos allanamientos en el barrio La Granja, específicamente donde funciona una empresa de helados y la vivienda de Carmelo Rizzo, asistente de la ex primera dama Rosa Elena de Lobo, y a quien también se le vincula en el caso Caja chica de la dama.

El tercer allanamiento se realizó en la colonia Altos de Toncontín, en la vivienda de la señora Perla Valeska Cáceres, esta última socia de Saúl Escobar de la empresa inmobiliaria Monserrat.

Narcopolítica:

El 24 de mayo de 2019, la investigación penal de la Ufecic-MP y Maccih-OEA, reveló el lavado de dinero del narcotráfico en 21 contratos de Soptravi otorgados a empresa Inrimar de Los Cachiros, por 68 millones de lempiras. (Último caso visto por Luiz Guimaraes Marrey).

El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra doce ciudadanos acusados de formar parte de un esquema que permitió el lavado de dinero del tráfico de drogas internacional a través de obras contratadas con el Estado hondureño.

Este es el caso menos público, según Javier Santos, titular de la Uferco. Uno de los imputados es un exsecretario de Estado con seis años con amparo y no se ha podido celebrar ese juicio.