Durante años, portar un rango dentro de la Policía Nacional significó mandar operativos, perseguir delincuentes y combatir el narcotráfico. Sin embargo, expedientes en una corte federal de Nueva York desde el 2005, dibujaron el lado opuesto de esa institución: policías de distintos niveles jerárquicos terminaron acusados de poner sus cargos al servicio de Los Cachiros.
Esta fue una de las organizaciones criminales más poderosas que operó en el Atlántico de Honduras.
Lo llamativo es que esa radiografía no la elaboró la Fiscalía estadounidense, sino que quedó plasmada dentro de la propia estrategia de defensa del expolicía Juan Manuel Ávila Meza.
Cuando intentó convencer al juez de que merecía una pena menor, su abogado comparó uno por uno a los demás acusados y reconstruyó la estructura de los policías de Los Cachiros.
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Los policías y el narco: del inspector al subcomisionado
El documento identifica a Jorge Alfredo Cruz Chávez, subcomisionado de la Policía Nacional.
Según el memorando, participó en reuniones grabadas junto a otros oficiales y goza de libertad en el registro de la Oficina Federal de Prisiones.
También menciona a Ludwig Criss Zelaya Romero, subcomisionado con 17 años de servicio en la Policía Nacional.
La defensa lo relacionó con actividades violentas, incluidos homicidios que, según el documento, admitió durante el proceso.
Otro de los nombres es Mario Guillermo Mejía Vargas, subcomisionado policial y cuyo expediente señala que colaboró con la justicia estadounidense.
Declaró que trabajó para el narcotraficante Víctor Hugo Díaz Morales, alias "Rojo", además de reconocer su participación en un homicidio y otras actividades ilícitas.
La lista continúa con Carlos José Zavala Velásquez, subcomisionado de la Policía Nacional, condenado a 144 meses de prisión y ya en libertad.
Según la defensa, recibía pagos de entre 5,000 y 20,000 dólares cada vez que brindó apoyo a operaciones vinculadas con narcotraficantes.
El expediente también incluyó a Víctor Oswaldo López Flores, comisario de la Policía Nacional y que fue el primero en obtener la libertad tras cumplir 60 meses de prisión.
La Fiscalía sostuvo que asistió uniformado y armado a reuniones donde se planificó la protección de cargamentos de cocaína y posteriormente se relacionó con otros apoyos brindados a la organización criminal.
Finalmente aparece Carlos Alberto Valladares Zúñiga, inspector de la Policía Nacional, condenado a 168 meses.
El Gobierno de Estados Unidos afirmó que admitió varios asesinatos junto a Los Cachiros.
Valladares ocupó altos cargos dentro de la institución policial y robó dinero decomisado durante operativos, circunstancias que lo diferenciaban del resto de acusados.
La estrategia de Juan Manuel Ávila Meza
Con ese recorrido, la defensa buscó demostrar que Ávila ocupó el escalón más bajo dentro del grupo.
Argumentó que tenía menos tiempo en la Policía Nacional, un rango inferior y una participación mucho más limitada que los demás oficiales procesados, por lo que pidió una condena menor.
Sin embargo, el efecto fue distinto, en lugar de centrar la atención únicamente en su cliente, buscó llamar la atención en el resto de policías.
El memorando ofreció una radiografía de cómo oficiales con diferentes rangos se vincularon en una misma investigación por brindar protección a una organización dedicada al tráfico de cocaína.
Cuando el uniforme dejó de significar autoridad
Sin proponérselo, el memorando retrató una estructura que alcanzó distintos niveles de la Policía Nacional.
Inspector, comisario y subcomisionados aparecieron mencionados en una misma investigación federal por, presuntamente, utilizar sus cargos para proteger cargamentos de cocaína.
Más que el intento de un acusado por obtener una pena menor, el expediente fue una radiografía de cómo, según la justicia estadounidense, Los Cachiros lograron infiltrarse en diferentes escalones de la institución policial.
De los siete oficiales hondureños que aparecieron en los expedientes de las cortes federales de Nueva York, cinco ya recuperaron su libertad.
Solo dos oficiales continúan en prisión. Uno de ellos es Ludwing Criss Zelaya Romero, cuya salida está prevista para el 3 de octubre de 2026.
Mientras, Carlos Alberto Valladares Zúñiga, con fecha de liberación fijada para el 10 de marzo de 2028.
Cuando ambos regresen a Honduras, el tiempo dirá si las condenas federales marcaron el punto final de su historia con el narcotráfico.
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