Este lunes continúa en Miami el juicio contra Carl Zaglin, empresario estadounidense de origen georgiano, acusado de sobornar a funcionarios hondureños para obtener contratos de uniformes valorados en casi 11 millones de dólares.

El caso, que ya entra en su cuarto día de audiencias, pone en el banquillo no solo a un empresario extranjero, sino también a la institucionalidad hondureña.

Se pone en evidencia cómo la Tasa de Seguridad se convirtió en una vía para el enriquecimiento ilícito.

Juicio: dinero a cambio de uniformes

La fiscalía estadounidense sostiene que Zaglin, propietario de Atlanco, usó un entramado de intermediarios para entregar sobornos a funcionarios de compras de la Policía Nacional.

Los contratos se firmaron entre 2015 y 2016, y aunque intentó repetir la fórmula en 2019, esa vez no tuvo éxito.

Según los fiscales, al menos 2 millones de dólares fueron lavados para pagar los sobornos que garantizaron los negocios con Honduras.

“Lo hizo todo por dinero. Cerca de 11 millones de dólares, y eso no fue suficiente”, dijo en su declaración inicial Eli Rubin, fiscal federal adjunto del Distrito Sur de Florida.

Cosenza, Molina y Marchena aceptan su culpabilidad

En la lista de cómplices aparecen nombres conocidos en Honduras. Francisco Roberto Cosenza Centeno y Juan Ramón Molina Rodríguez, exfuncionarios de compras, en Honduras, se declararon culpables.

Cosenza, se declaró culpable de soborno y lavado de activos en caso de corrupción vinculado a contratos por más de 10 millones de dólares (unos 261 millones de lempiras).

Juan Ramón Molina, se declaró culpable en julio de 2024 por conspiración para cometer lavado de dinero entre 2015 y 2019.

Lo mismo ocurrió con el banquero Aldo Néstor Marchena, quien fungió como intermediario en el esquema. Su cooperación será clave en el desarrollo del juicio. Y hoy continuará con su declaración en el juicio.

Defensa de Zaglin culpa a su socio y Luis Berkman

Del otro lado, la defensa de Zaglin insiste en que el empresario es inocente y que fueron sus socios quienes cometieron las irregularidades.

El abogado Craig Gillen afirmó que el verdadero responsable fue su exvicepresidente de ventas, Luis Berkman, quien incluso enfrenta cargos por un caso paralelo de corrupción en Bolivia. “Zaglin no conspiró con nadie”, recalcó.

El juicio contra Zaglin revela la corrupción en la Tasa de Seguridad en Honduras

El juicio contra Zaglin no solo prueba la vigencia de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de Estados Unidos, sino que también abre la posibilidad de que nuevos nombres salgan a la luz en los próximos días.

El testimonio de Berkman y otros colaboradores del esquema promete tensar aún más las audiencias.

Para Honduras, el caso confirma un patrón: la fragilidad de las instituciones encargadas de administrar la Tasa de Seguridad.

Además de la facilidad con la que intereses privados lograron penetrar una estructura supuestamente destinada a proteger a la población.

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Juicio de Zaglin revela corrupción y lavado de dinero en Honduras

Mientras en Miami se desarrollan los alegatos, en Honduras el juicio es como un espejo de la corrupción sistémica.

Lo que comenzó con la compra de uniformes terminó exponiendo la profundidad de los sobornos, el uso de bancos como canales de lavado y la complicidad de funcionarios que, al aceptar el dinero, comprometen la confianza ciudadana en la Policía y en la seguridad del país.

El cuarto día de juicio promete ser clave: lo que está en juego no es solo la condena de un empresario extranjero, sino la verdad sobre cómo Honduras se utilizó como terreno fértil para la corrupción transnacional.