El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este miércoles un caso de corrupción relacionado con contratos millonarios para publicidad y propaganda, que involucra a cuatro altos funcionarios del gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
El informe titulado "La Publicidad y Propaganda de la corrupción" revela que la Secretaría de Planificación Estratégica destinó entre 2022 y 2024 más de 600 millones de lempiras a través de la Dirección de Prensa del Gobierno de la República para el pago de pautas publicitarias, sin cumplir los lineamientos legales.
Los funcionarios denunciados ante el Ministerio Público (MP) son el secretario de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado; la exgerente administrativa de esta dependencia, María Eugenia Maradiaga; y la actual gerente administrativa, Rosy Jaqueline Díaz, a quienes se les acusa de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
Además, la denuncia incluye a los exministros de Finanzas Rixi Moncada y Marlon Ochoa, así como al actual ministro de esta entidad, Christian Duarte, por malversación de fondos públicos debido al uso indebido de recursos oficiales.
Moncada actualmente es la secretaria de Defensa Nacional y precandidata presidencial por el partido Libre, y Marlon Ochoa es consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La denuncia también involucra a diversos comerciantes individuales y empresas de maletín o de fachada, por el delito de fraude.
Origen de los fondos
Luis Urbina, jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del CNA, explicó que los fondos usados para pagos de supuesta publicidad y propaganda provinieron de un remanente del Banco Central de Honduras (BCH), de la partida de contingencias 449, de la Administración Central, y de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) suscrito en 2022 para el apoyo del subsidio de combustibles.
"La máxima autoridad en su momento de la Secretaría de Finanzas, la abogada Rixi Moncada, tomó la atribución de autorizar que se trasladaran fondos del préstamo para pagar publicidad y propaganda", dijo Urbina.
El representante del CNA manifestó que además de que esta acción es "reprochable" se "le dio aplicación oficial diferente, donde vemos el esquema directo para una posible malversación de caudales públicos".
Según la denuncia del CNA, fue mediante el decreto ejecutivo 001-2023 que se autorizó a la Dirección General de Información y Prensa del Gobierno de la República, adscrita a la Secretaría de Planificación Estratégica a realizar la contratación directa de empresas, algunas de fachada, para servicios de publicidad.
Los contratos fueron realizados para la adquisición y el suministro de servicios técnicos y artísticos especializados en materia de comunicación, pauta publicitaria, elaboración de insumos o contenidos publicitarios, monitoreo, mediciones, encuestas, asesorías y estudios de opinión, entre otros, señala el CNA.
De acuerdo con el CNA, fueron 180 empresas de publicidad contratadas por Planificación Estratégica, de las que 66 no tienen ningún tipo soporte en el territorio nacional, lo que indica que son "de fachada".
Otras 42 empresas sí aparecen con registros, de las que 10 son de reciente creación y han sido denunciadas en el Ministerio Público por fraude. El resto "ni siquiera pudimos dar con ellas", dijo Luis Urbina.
