El Juzgado con Jurisdicción Nacional de San Pedro Sula vuelve a ser escenario de un proceso que refleja las tensiones entre justicia y dilación. La audiencia preliminar por el asesinato de Juan López, programada en múltiples ocasiones, se suspendió cuatro veces.

Cada aplazamiento erosiona la confianza de quienes esperan que se esclarezca el crimen ocurrido el 14 de septiembre de 2024 en Tocoa, Colón.

Juan López, defensor ambiental y delegado religioso, fue coordinador del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos.

Su voz se levantó contra el avance de proyectos extractivos y la complicidad institucional, hasta que hombres armados lo asesinaron a tiros dentro de su vehículo.

Juan López y el proceso judicial

Los retrasos responden a solicitudes de la defensa de los imputados Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenín Adonis Cruz, presuntos autores materiales.

En la última ocasión, el motivo fue la entrega tardía del dictamen de vaciados telefónicos por parte del Ministerio Público, pruebas clave que apuntan a que el asesinato habría sido por encargo.

Según el abogado Edy Tábora, del Bufete Justicia para los Pueblos, la investigación comenzó bajo la dirección de fiscales que previamente criminalizaron a López y a otros defensores, generando desconfianza sobre su imparcialidad.

Aunque luego se conformó un equipo independiente que logró capturar a tres sospechosos, los avances contra los autores intelectuales son nulos.

Ejecutores procesados, autores intelectuales en la sombra

Óscar Guardado se señala como quien disparó contra López. Sin embargo, la investigación se concentra en los presuntos ejecutores, sin que hasta la fecha se avance contra quienes planificaron y financiaron el crimen.

“La investigación se enfoca más en los ejecutores, pero el avance sobre los responsables de planificar, pagar y ordenar el asesinato es insuficiente. Hay demasiadas demoras y poca transparencia”, advirtió Tábora.

De interés: Juan López: 11 meses y sin señales de los autores intelectuales

Justicia lenta e impunidad creciente afecta a defensores del ambiente en Honduras

El caso de Juan López se convirtió en un termómetro para medir la capacidad del Estado hondureño de proteger a quienes defienden el ambiente.

Cada retraso no solo desgasta a los familiares y comunidades que exigen justicia, sino que también abre la puerta a la pérdida de pruebas y a la consolidación de la impunidad.

A casi un año del crimen, la exigencia se mantiene firme: justicia completa que incluya a los autores intelectuales.

De lo contrario, la muerte de Juan López se sumará a la lista de defensores silenciados en Honduras por defender la tierra y el agua.

Hoy, la audiencia preliminar por el asesinato de Juan López es más que un trámite legal: es una prueba de fuego para la justicia hondureña.

Cuatro retrasos marcan el camino, pero la esperanza de que este proceso rompa la impunidad aún respira en la voz de quienes reclaman verdad.