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La extorsión en Honduras no solo se ejecuta desde las calles, también se articula desde el encierro, donde estructuras criminales lograron mantener operaciones activas con un elemento clave: la complicidad interna de los custodios del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
El comisionado presidente del INP, Ottoniel Gross Castillo, confirmó que más de cinco agentes penitenciarios enfrentan procesos judiciales por su presunta participación en redes de extorsión que operan desde los penales del país.
La investigación no solo apunta a los privados de libertad, sino a quienes, desde la custodia, facilitaron las condiciones para que el delito ocurra.
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Custodios del INP entre el dinero y el miedo
Detrás de estos casos, según las líneas de investigación, aparecen dos factores que explican la colusión.
Por un lado, beneficios económicos entregados por estructuras criminales a cambio de facilidades; por otro, presiones directas, amenazas y entornos de riesgo que doblegan a parte del personal penitenciario.
Esta dinámica expone una realidad compleja dentro del sistema: no todos los vínculos responden a una lógica de ganancia, sino también a esquemas de coerción.
Red externa: familiares como pieza clave
El INP también identificó a al menos 11 familiares de privados de libertad cuando intentaron introducir objetos ilícitos a los centros penales, presuntamente utilizados para sostener las operaciones delictivas desde el interior.
Estos hallazgos refuerzan la tesis de que la extorsión desde cárceles no es un fenómeno aislado, sino una red que combina actores internos y externos, con roles definidos para garantizar la continuidad del delito.
Un sistema bajo presión
Gross Castillo asegura que de forma permanente continuarán vigilando los distintos centros penales del país.
Buscan desarticular estas estructuras y frenar la extorsión que golpea directamente a la población hondureña.
Sin embargo, más allá de las capturas y procesos, lo que queda al descubierto es una grieta profunda.
Y es vigilar también el sistema, a los custodios del INP, para que no sean parte del engranaje.
Son conscientes que el Estado debe mantener el control dentro de las cárceles porque deben frenar el delito y evitar que opere desde las rejas.
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