El abogado Dagoberto Aspra, quien es el representante legal del exalcalde capitalino y precandidato presidencial, Nasry Asfura, involucrado en un caso de corrupción, respondió a la advertencia que hizo este día el fiscal general, quien aseguró que si se sigue denominando a las investigaciones del Ministerio Público como persecución política, se verá obligado a utilizar los medios para revelar los casos.

"Y si seguimos con ese poema, con esa cantaleta trillada de que hay persecución política, me voy a ver en la necesidad como fiscal general, de volver a usar algunos medios para informarle al pueblo hondureño, y no se trata de violación a los derechos humanos, se trata de decirle al pueblo la verdad", dijo el fiscal Johel Zelaya.

En ese sentido, Aspra pidió que "no sigan amenazando" y advirtió que al exponer los casos de esa forma incurrirían en un delito.

Asimismo, aseguró que en caso de ser necesario actuarán legalmente, pues están preparados para demostrar que revelar los casos de esa manera es ilegal y conlleva a una acción penal.

"Se trata de un delito que está establecido en el artículo 275 del Código Procesal Penal, Revelación de secretos artículo 505 del Código Penal, delito de acción privada, tenemos expedito el derecho a interponer esa acción, así que no sigan amenazando", escribió en sus redes sociales.

En las últimas semanas, la defensa del exalcalde y las autoridades del Ministerio Público han protagonizado tensiones en medio de un juicio, el cual consideran que tiene un trasfondo político.

Acusación contra Nasry Asfura

El Ministerio Público acusó, a través de la Uferco, a Nasry Asfura por su presunta participación en un esquema de malversación de fondos públicos y lavado de activos, que el Partido Nacional también catalogó de persecución política.

Los otros siete implicados en el caso son: Cinthia Elizabeth Borjas Valenzuela y Nilvia Ethel Castillo Cruz, por suponerlos responsables de lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documento falso y violación de los deberes de los funcionarios; Mario Roberto Zeron Suazo y Rony López Córdova, por fraude y violación de los deberes de los funcionarios; Wilmer Gerardo Rodríguez López y Roger Ariel Amador Ramírez, por lavado de activos, fraude y uso de documento falso y Óscar Rolando Uriarte Romero, por lavado de activos.

Al finalizar la audiencia inicial el juez podría dictar el auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva o ratificar las medidas cautelares otorgadas por un juez o bien dictar un sobreseimiento provisional o definitivo.