El salto cabe en dos números y deja una alerta difícil de ignorar: 174 y 310. En el mismo período en que durante 2025 se requirieron 174 menores por su presunta participación en infracciones penales, en 2026 la cifra llegó a 310, según datos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Son 136 casos adicionales y un incremento cercano al 78%, pero detrás de esa subida aparece otro dato que cambia la lectura del problema: entre las infracciones de mayor recurrencia está el tráfico de drogas.
También aparecen robo, portación ilegal de armas de fuego, delitos contra la vida y delitos sexuales.
La pregunta entonces deja de ser únicamente por qué hay más menores aprehendidos. También obliga a mirar quién puede estar detrás de ellos.
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Menores atrapados en el tráfico de drogas
La propia DPI reconoce una pieza sensible dentro de este rompecabezas: una parte sustancial de los menores que se investiga la captaron y vulnerabilizaron estructuras criminales organizadas.
Es decir, detrás de algunos de los adolescentes que terminan frente a las autoridades podría existir una estructura mucho más grande.
El tráfico de drogas necesita cadenas para funcionar. Hay quienes controlan el negocio, quienes distribuyen, quienes trasladan y quienes terminan expuestos en las calles.
Y es precisamente allí donde los menores son una pieza vulnerable para las organizaciones criminales.
No todos los 310 casos corresponden a drogas. La DPI no proporcionó un desglose que permita establecer cuántos fueron aprehendidos específicamente por esa infracción.
Pero que el tráfico de drogas aparezca entre las conductas de mayor recurrencia en este grupo enciende las alarmas sobre el alcance que están teniendo las estructuras criminales entre los jóvenes.
El número casi se duplicó
La comparación con 2025 dimensiona el fenómeno y durante el mismo lapso del año pasado se contabilizaron 174 requerimientos contra menores. Ahora son 310.
Eso significa que en apenas un año hubo 136 casos adicionales y no se trata de aprehensiones concentradas únicamente en Tegucigalpa, San Pedro Sula o alguna otra ciudad.
Según la DPI, las actuaciones se ejecutaron a escala nacional, mediante órdenes judiciales, por lo tanto, el problema tampoco queda encerrado en un barrio.
¿Quién está detrás de ellos?
Ese es quizás el punto más incómodo de los datos, porque contar menores aprehendidos permite medir una consecuencia, pero no necesariamente revela quién mueve los hilos detrás de cada caso.
Los informes policiales apuntan precisamente hacia las estructuras criminales organizadas, que aprovecharían la vulnerabilidad de algunos menores para involucrarlos en diferentes actividades ilícitas.
El adolescente queda visible, la estructura, muchas veces, no y esa diferencia importa. Los 310 menores reportados por la DPI no se consideran automáticamente culpables.
Además, algunos podrían encontrarse en una doble condición particularmente compleja: investigados por una infracción y, al mismo tiempo, vulnerables por quienes los introdujeron en esas redes.
El tráfico de drogas encuentra terreno entre los jóvenes
La alerta adquiere otra dimensión cuando el tráfico de drogas aparece junto al robo y otros delitos entre las infracciones recurrentes.
La Policía Nacional asegura que mantiene programas preventivos dirigidos a niños y jóvenes para intentar frenar la captación por estructuras delictivas.
Pero los números de 2026 muestran el tamaño del desafío: el aumento es de casi 78%. Y mientras las estadísticas cuenten a quienes terminan atrapados en investigaciones y procesos judiciales, queda otra tarea mucho más difícil.
Y es llegar hasta las estructuras que descubrieron que la vulnerabilidad de los menores también es parte de su negocio.
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