Los expedientes llegan a los tribunales con acusaciones de corrupción, pero algunos toman un camino que enciende las alarmas: los señalados recuperan su libertad y las dudas se trasladan al propio sistema de justicia.
Recientes fallos que beneficiaron a personas señaladas por supuestos actos de corrupción provocan cuestionamientos de sectores de la sociedad y una nueva exigencia de independencia judicial en Honduras.
Pero detrás de las críticas aparece una discusión más profunda. ¿Los tribunales favorecen a determinados acusados o los casos llegan débiles desde la investigación?
De interés: Salvador Nasralla: 'Han dejado libres a todos los que le robaron al pueblo'
Corrupción y una justicia que no se percibe igual para todos
La controversia no se limita a las resoluciones judiciales, los cuestionamientos apuntan hacia lo que algunos sectores describen como una “justicia selectiva”.
Esa justicia según expertos, favorece a personas vinculadas con presuntos mecanismos de corrupción dentro del Estado y sus instituciones.
El analista político Javier Chávez resumió esa desconfianza desde otra perspectiva: la percepción ciudadana de que enfrentarse a la justicia no significa lo mismo para todos.
“Se dan sobreseimientos definitivos para algunos tipos de delitos y tipos de personas. La justicia para el pueblo sigue igual”, afirmó Chávez.
La frase coloca el problema más allá de un expediente concreto. Cada resolución que favorece a una persona señalada en un caso de corrupción pone sobre la mesa la independencia de los tribunales.
Además de la capacidad del sistema para demostrar que sus decisiones responden al derecho y no a influencias externas.
¿El problema comienza antes de llegar al juez?
Sin embargo, cargar toda la responsabilidad sobre los tribunales dejaría fuera una pieza importante.
Expertos consultados advierten que parte del problema estaría en investigaciones que no llegan suficientemente sólidas a los procesos judiciales.
“La justicia deja muchas cartas de libertad, sentencias absolutorias a personas que realmente están enredadas en mecanismos de corrupción desde los poderes, desde la institucionalidad”, dijo Gabriela Castellanos, directora del CNA.
Las debilidades pueden convertirse posteriormente en herramientas utilizadas por las defensas para solicitar nulidades y conseguir que los imputados recuperen su libertad.
Ese punto cambia la lectura de los casos de corrupción. Si una investigación presenta fallas, vacíos o actuaciones que posteriormente son anuladas, el expediente comienza a derrumbarse independientemente de la gravedad de las acusaciones iniciales.
El resultado, sin embargo, es visible para la ciudadanía: una persona fue acusada, enfrentó un proceso y después quedó libre.
Lo que muchas veces permanece fuera de esa fotografía es qué ocurrió dentro del expediente para llegar hasta ese desenlace.
La libertad no significa necesariamente inocencia
También hay una diferencia jurídica que resulta clave: que un acusado recupere su libertad no significa automáticamente que sea inocente.
Una resolución puede responder a diferentes circunstancias procesales, desde nulidades hasta deficiencias en la investigación.
Por eso, para determinar qué ocurrió en cada caso es necesario revisar el contenido específico de las resoluciones y no solamente el resultado final.
"Hay debilidad en la investigación, debilidad en la cual uno, como apoderado, hace uso de esa debilidad para buscar nulidad, y esa nulidad en el proceso es un sobreseimiento”, apuntó César Bonilla, exdirector de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL).
La factura termina pagándola la confianza
Honduras queda así atrapada entre dos cuestionamientos que golpean al mismo sistema.
Por un lado, sectores que reclaman mayor independencia judicial y denuncian una justicia que perciben selectiva.
Por otro, especialistas que advierten que investigaciones deficientes pueden entregar a las defensas los argumentos necesarios para desmontar los procesos.
En medio quedan los casos de corrupción y una ciudadanía que observa cómo acusaciones que alguna vez parecieron contundentes pueden terminar debilitándose en los tribunales.
Porque investigar no basta, acusar tampoco. Si los expedientes no resisten el juicio y las resoluciones no convencen a la ciudadanía de que la ley se aplica sin privilegios.
Y cada caso que se derrumba deja algo más que un acusado en libertad: deja otra grieta en la confianza en la justicia.
Lea también: ASJ: el gobierno de Honduras está en deuda con la agenda anticorrupción
