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Durante años, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) se presentó como una de las unidades más agresivas y especializadas del Estado hondureño para enfrentar estructuras criminales, extorsionadores y pandillas.
Sus agentes operaron en barrios marcados por el miedo, realizaban capturas de alto impacto y los enviaron a zonas donde otros cuerpos policiales evitaron entrar.
Pero hoy, once de esos agentes ya no aparecen como piezas de combate contra el crimen organizado.
Ahora son ellos quienes enfrentan un proceso penal que amenaza con convertirse en uno de los casos más delicados para la institucionalidad policial hondureña.
El juicio contra los uniformados entra en su fase final en las próximas semanas, mientras el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional se prepara para escuchar las conclusiones finales del Ministerio Público y de la defensa técnica el próximo 19 de mayo.
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La Dipampco y el salto que terminó en el banquillo
La historia detrás del caso golpeó con fuerza porque involucra a una unidad creada precisamente para perseguir a quienes operan fuera de la ley.
Para analistas en seguridad y derechos humanos, el proceso refleja uno de los mayores riesgos dentro de cuerpos élite.
"Cuando la lógica de “resultados rápidos” termina desplazando los límites legales. Según la acusación fiscal, los agentes montaron un operativo irregular que terminó en una cadena de supuestos abusos.
La Fiscalía sostiene que implantaron pruebas y manipularon documentación oficial para justificar el procedimiento en la vivienda del extranjero.
En el juicio señalan a Bertha Janina Alemán Antúnez, Yony Omar Raudales Núñez, Nerys Desiderio Mejía Rodríguez, Fernando Josué Castellanos Canales, Wilmer Joel López Gómez, Esdras Sadrat Amaya Martínez, Evely Dalian Triminio González, Andy Josué Pérez Zelaya, Elvin Antonio Ramos Ramos, Wuilson Isaac Bonilla Hernández y Lener Gilberto Quintanilla Gallardo.
Un caso que sobrevivió a los sobreseimientos
El proceso también estuvo cerca de desmoronarse, el 20 de agosto de 2024, durante audiencia inicial, algunos de los imputados recibieron sobreseimientos provisionales y otros definitivos.
Sin embargo, la Fiscalía de Derechos Humanos apeló la resolución y logró revertir parcialmente el fallo-
Se argumentó inconsistencias jurídicas y elementos probatorios que, según el Ministerio Público, ameritaron continuar el proceso penal. Esa decisión permitió que el caso avanzara hasta juicio oral y público.
Posteriormente, en audiencia Ad Hoc (un procedimiento para discutir si los acusados debían o no seguir en libertad provisional), se resolvió enviar a los once agentes a la Penitenciaría Nacional mientras continuaba el proceso judicial en su contra.
Para sectores defensores de derechos humanos, el caso comenzó a simbolizar algo más profundo.
Las pruebas y el juicio que entra en su recta final
El portavoz del Poder Judicial, José Salinas, explicó que el debate se suspendió temporalmente debido a la complejidad del caso..
Es la cantidad de imputados y la extensa evacuación de pruebas documentales, testificales y periciales.
Ahora, el juicio se acerca a uno de sus momentos decisivos: las conclusiones finales del Ministerio Público y de la defensa.
Ese será un punto clave para determinar si el tribunal considera acreditadas las acusaciones contra los agentes o si las defensas logran desmontar la teoría fiscal.
Cuando la línea entre autoridad y abuso se rompe
El caso volvió a colocar bajo discusión pública el uso de poder dentro de cuerpos especializados de seguridad en Honduras.
Porque detrás del expediente judicial no solo se discute si hubo un allanamiento ilegal o una supuesta implantación de pruebas.
También se debate qué ocurre cuando agentes entrenados para enfrentar estructuras criminales terminan acusados de utilizar métodos similares.
Y esa es, precisamente, la dimensión más delicada del juicio: el momento en que una unidad creada para perseguir el crimen termina enfrentando acusaciones que ponen en duda los límites entre autoridad, fuerza y abuso.
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