Durante años, Juan Ramón Molina Rodríguez fue una figura clave en la administración de la Tasa de Seguridad, conocida como el "Tasón". Ese fideicomiso recaudó impuestos especiales para financiar equipos de Policía y Fuerzas Armadas. Desde ahí se manejaron contratos millonarios que hoy aparecen en expedientes judiciales dentro y fuera del país por corrupción.
En junio de 2025, Molina aceptó en Miami, lo inevitable: se declaró culpable ante una corte federal en Miami de conspiración para cometer lavado de dinero.
La admisión de responsabilidad llegó después de que fiscales de Estados Unidos demostraran cómo utilizó empresas fachada y cuentas en Belice y Florida para canalizar sobornos vinculados a contratos de uniformes policiales.
El próximo 29 de septiembre de 2025 la jueza Melissa Damian dictará su sentencia. Molina enfrenta hasta 10 años de prisión, multas de 250 mil dólares y decomiso de bienes.
La red de corrupción en uniformes policiales
La acusación detalla que entre 2015 y 2020, Molina, junto con otros funcionarios, garantizó contratos por más de 10 millones de dólares a una empresa estadounidense conocida como “Georgia 1”.
A cambio, recibió sobornos que fueron triangulados desde el Banco Central de Honduras hacia cuentas en Miami y luego diseminados en paraísos fiscales.
Los pagos alcanzaron al menos 248 mil dólares, distribuidos en cuentas secretas. La maniobra permitió que la empresa asegurara contratos con la Tasa de Seguridad, mientras Molina firmó los documentos oficiales que avalaron las adquisiciones de uniformes para la Policía Nacional.
El caso, para los fiscales estadounidenses, representa un ejemplo claro de corrupción transnacional, donde recursos hondureños se convirtieron en combustible de una red internacional de sobornos.
El fraude en las licencias de conducir
Si en Miami el caso está cerca de una sentencia, en Tegucigalpa la Fiscalía también lo sigue de cerca.
En diciembre de 2021, la Secretaría de Seguridad adjudicó a la empresa Plasticards S.A. un contrato para proveer 480 mil tarjetas de PVC destinadas a licencias de conducir.
La investigación reveló que, tras recibir 18.5 millones de lempiras, Plasticards transfirió 17 millones a Inversiones M y M, empresa dirigida por el propio Molina y sus familiares.
Con esos fondos, solo se importaron 258 mil tarjetas desde Miami, lo que generó un faltante de 222 mil.
El resto del dinero se movió a través de la compañía Interamerican Service Unlimited Corp, también ligada a Molina y que señalan autoridades estadounidenses como una empresa inactiva usada para canalizar fondos ilícitos.
Reportes de la FinCEN alertaron sobre depósitos sospechosos y movimientos en múltiples cajeros automáticos, todos conectados con la misma red.
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Corrupción en dos escenarios
El doble expediente contra Molina revela un patrón: contratos inflados, empresas de papel y transferencias diseñadas para desviar recursos.
En Estados Unidos, la justicia ya lo tiene bajo un acuerdo de culpabilidad; en Honduras, la Fiscalía preparó y presentó el caso por fraude y desvío de fondos de la Tasa de Seguridad.
El 29 de septiembre de 2025 será apenas un capítulo en su caída. La corrupción que tejió, desde uniformes hasta licencias, muestra cómo un funcionario convirtió los fondos destinados a proteger a los hondureños en su fuente personal de enriquecimiento.
Molina deja al descubierto la fragilidad de las instituciones que juró fortalecer.
