El 6 de septiembre de 2024, tres familias de Miami recibieron una noticia que parecía una cruel burla: Erwin Rommel Recinos Zúñiga, el hondureño acusado de matar a Paola Sabillón, su novio Jason Meza y su prima Giselle Reyes en un brutal accidente automovilístico, lo deportaron a Honduras.
No enfrentó juicio, no hubo sentencia. La justicia quedó en el aire. Para Miriam Castillo, hermana de Sabillón, la noticia llegó como un puñal.
“Nos dejaron en el olvido. Dos años esperando justicia, y lo dejan ir como si nada”, lamentó entre lágrimas.
La tragedia en detalle
El accidente que arrebató tres vidas ocurrió cuando Zúñiga, conduciendo bajo los efectos del alcohol, estrelló su vehículo contra el letrero de una gasolinera.
En el accidente ocurrido en marzo de 2022, Zúñiga conducía un Kia Forte rojo de cuatro puertas cuando perdió el control y chocó contra un poste de luz. El carro se detuvo finalmente en una gasolinera.
Según la policía, una grabadora electrónica de datos indicó que el hondureño iba a 78 millas por hora en una zona de 40 mph en el momento del accidente. Eso equivale a 126 kilómetros por hora.
La policía dijo que en ese momento Zúñiga, de 26 años, estaba borracho y conducía al doble del límite legal.
Cinco personas viajaban en el automóvil que circulaba por West Flagler Street y SW 48th Avenue en Miami cuando se estrelló y tres de los pasajeros murieron.
La tragedia fue inmediata, y el conductor enfrentó 10 cargos, incluidos tres por homicidio vehicular imprudente.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, las familias de las víctimas quedaron perplejas cuando el tribunal permitió que Zúñiga esperara su juicio bajo arresto domiciliario.
Pero el verdadero golpe vino con la deportación del hondureño, gestionada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sin notificación previa al tribunal o a las familias.
Un sistema roto
El Departamento de Correcciones de Miami-Dade permaneció en silencio. Patricia A. Jones Cummings, abogada de la institución, afirmó que no pueden revelar detalles hasta marzo de 2025, cuando se espera la conclusión de un informe interno.
Según ella, el departamento ha actualizado sus políticas y capacitado a su personal para evitar futuros errores. Sin embargo, estas promesas no alivian el dolor ni la frustración de los afectados.
“¿De qué sirve cambiar políticas ahora, si dejaron escapar a un criminal?”, cuestionó Hellen Castillo, madre de Sabillón. “Nos merecemos respuestas, no excusas”.
Clamor por justicia
En un esfuerzo desesperado, las familias solicitaron la intervención de sus congresistas locales.
Quieren que las autoridades localicen a Zúñiga en Honduras y lo lleven de vuelta a Estados Unidos para enfrentar a la justicia. Pero la incertidumbre persiste.
La jueza Laura Shearon Cruz, quien debía presidir el juicio, también expresó su desconcierto por la falta de comunicación.
Fue solo seis días después de la deportación del hondureño cuando se dio cuenta de lo ocurrido, al notar la ausencia de Zúñiga en la Corte.
¿Justicia?
Mientras los funcionarios prometen cambios y las familias luchan por justicia, Zúñiga permanece en Honduras, lejos del alcance de la ley estadounidense.
“No buscamos venganza, solo justicia para nuestros seres queridos”, dijo Miriam Castillo.
Las promesas de informes y reformas no son suficientes para llenar el vacío dejado por la tragedia ni para responder al clamor de tres familias que, más que respuestas, merecen justicia.
Las familias que quedaron atrás no solo enfrentan el duelo por sus seres queridos, sino también la desoladora realidad de un sistema que, al fallarles, se convirtió en cómplice del silencio.
La incertidumbre no solo recae sobre el sistema judicial que falló en garantizar justicia, sino también sobre el paradero de Erwin Rommel Recinos Zúñiga.
Mientras las familias claman por respuestas y acción, la gran pregunta sigue siendo: ¿en qué lugar de Honduras se encuentra Zúñiga?
