La reciente decisión de la Corte de Apelaciones del noveno circuito de Estados Unidos, que ratifica la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para hondureños, "no constituye una sentencia definitiva", según informó la Cancillería de Honduras.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que la resolución representa solo "una instancia procesal más" dentro de un litigio complejo que podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia estadounidense.
"Tomamos nota y lamentamos que la administración estadounidense mantiene firme su decisión de cancelar el Estatus de Protección Temporal", destacó la institución.
La Cancillería defendió la integridad de los ciudadanos hondureños amparados por el TPS, señalando que han cumplido estrictamente con los requisitos legales durante su permanencia en Estados Unidos.
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"Lejos de ser una amenaza, los tepesianos han vivido bajo estricta auditoría federal cumpliendo cada requisito de ley. Su permanencia en el sistema es la prueba irrefutable de conducta legal intachable", enfatizó el comunicado.
La recomendación de expertos a hondureños con TPS
Expertos en migración recomiendan que los beneficiarios del TPS busquen asesoría legal personalizada.
La abogada Marcela Caro explicó en el noticiero TN5 Matutino de Canal 5 que cada caso puede abordarse de manera individual, especialmente para quienes tienen hijos mayores de 21 años o cónyuges ciudadanos estadounidenses, lo que podría abrir la vía a un cambio de estatus legal o residencia permanente.
"La única alternativa inmediata es que cada persona maneje su situación de manera particular con abogados acreditados, evaluando las oportunidades que la ley permite", subrayó Caro.
Posición de Estados Unidos por cancelación del TPS
La reacción de Honduras se produce luego de que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, calificara el fallo judicial que ratifica la cancelación del TPS como una "victoria" para el Estado de derecho y una "reivindicación de la Constitución".
Noem afirmó que administraciones anteriores abusaron del TPS para permitir la entrada de "terroristas violentos, criminales y amenazas a la seguridad nacional" y subrayó que el programa "nunca fue diseñado para ser permanente".
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El conflicto legal se remonta al 31 de diciembre de 2025, cuando la jueza federal Trina Thompson, de California, declaró ilegal la anulación del TPS por parte del Gobierno de Donald Trump para más de 60,000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal.
Thompson determinó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no cumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y que la orden de terminación carecía de validez legal.
Aunque el fallo representa un revés, no significa el cierre del camino legal para los tepesianos. La Cancillería de Honduras insiste en que el litigio aún podría escalar a la Corte Suprema y que la vía ejecutiva —negociaciones directas entre presidentes— se perfila como alternativa para reabrir o establecer un nuevo TPS.
Origen del TPS para Honduras
El TPS para hondureños fue otorgado en 1998 como medida temporal ante los desastres provocados por el huracán Mitch, que impedían su retorno seguro.
Su cancelación se justifica, según la Corte, en informes del gobierno estadounidense que consideran que Honduras cuenta con condiciones adecuadas de seguridad, educación y empleo para recibir a sus ciudadanos.
Con más de 50,000 hondureños afectados, la asesoría legal especializada y el seguimiento de cada caso serán clave para definir el futuro migratorio de los beneficiarios del TPS en Estados Unidos.
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