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La explotación de fauna silvestre con fines turísticos volvió a quedar bajo la lupa en Honduras. Un tribunal con competencia en materia ambiental condenó a Randy Kelvy Rivers Ewing por mantener especies protegidas y exóticas en cautiverio dentro del centro turístico Jungle Top Adventure, ubicado en Constelation Bay, en el sector de Coxen Hole, Roatán.
El fallo lo obtuvo la Fiscalía Local de Roatán, a través de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, tras un juicio oral y público celebrado el 13 y 14 de mayo de 2026 en Tegucigalpa.
Al acusado lo declararon culpable por el delito de daños agravados a especies amenazadas, en perjuicio de la diversidad biológica de Honduras.
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Fauna silvestre en cautiverio
De acuerdo con la acusación, las investigaciones comenzaron luego de una inspección realizada el 1 de mayo de 2024 en las instalaciones del centro turístico.
Durante el operativo, las autoridades encontraron 33 ejemplares de fauna silvestre nativa y exótica mantenidos en cautiverio sin los permisos extendidos por el Instituto de Conservación Forestal (ICF).
Entre los animales decomisados figuraban tres guaras rojas, conocidas científicamente como Ara macao, y tres venados cola blanca.
Ambos considerados símbolos nacionales y protegidos bajo el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Además, se hallaron loras, tucanes, monos y perezosos, especies que frecuentemente son utilizadas como atractivo turístico en zonas insulares del Caribe hondureño.
El turismo y el negocio de los animales
El caso vuelve a abrir el debate sobre el uso de fauna silvestre en negocios turísticos en Honduras, especialmente en Islas de la Bahía.
Expertos ambientales advierten que muchas de estas especies son extraídas ilegalmente de sus hábitats naturales.
Las someten a estrés extremo y las mantienen en condiciones inadecuadas para fines comerciales.
La captura y comercialización irregular de animales silvestres también representa una amenaza para ecosistemas ya presionados por la deforestación, expansión urbana y tráfico ilegal de especies.
Esperan audiencia para definir condena
Tras el fallo condenatorio, el Tribunal programó para el próximo 5 de junio de 2026 la audiencia de individualización de la pena.
En dicha audiencia el Tribunal definirá la sanción que deberá cumplir el condenado por la tenencia de especies protegidas.
La diligencia se desarrollará de manera virtual mediante la plataforma Zoom, según confirmó el Ministerio Público.
El Código Penal castiga la adquisición, comercialización, transporte y almacenamiento de especies silvestres con penas que van de tres a cinco años de prisión.
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