El Instituto Nacional de Migración (INM) declaró este martes una excepción temporal del pago de la sanción administrativa a los migrantes irregulares en el sur y oriente de Honduras para evitar aglomeraciones en puntos fronterizos de esos sectores, y tras denuncias de que policías cobraban sobornos a estas personas para agilizar los trámites de la emisión de salvoconductos.
Mediante un comunicado de prensa, el INM indicó que esta disposición, que está contemplada en el artículo 104 numeral uno de la Ley de Migración, beneficiará a los migrantes que ingresen al país centroamericano entre el 13 y 17 de abril de 2022.
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“La excepción a la sanción administrativa no exime a los migrantes en situación de irregularidad; deben realizar los procesos migratorios correspondientes vigentes en el territorio hondureño”, subraya el comunicado del INM.
Además, asegura que el beneficio tiene como objetivo evitar aglomeraciones en las Delegaciones y Centros de Atención al Migrante Irregular (CAMI), debido al feriado de Semana Santa y el cierre del sistema financiero a nivel nacional.
Pago de la sanción administrativa
La nación centroamericana emite en la actualidad un salvoconducto a los migrantes irregulares para que puedan salir del territorio y continúen su trayecto, principalmente a Estados Unidos.
Esto, después de pagar la sanción administrativa, que les permite la circulación por el país durante cinco días, tiempo que es aprovechado por los extranjeros para abandonar el territorio nacional.
Dicho pago asciende a 220 dólares (un poco más de 5 mil 400 lempiras), precio que no todos pueden pagar, por lo que se genera una acumulación de extranjeros en los puntos migratorios.
El pago como sanción administrativa a migrantes está contemplado en Ley de Migración, por lo que la misma se continuará aplicando hasta que exista una reforma a la ley.
Crisis migratoria
Honduras vive desde 2020 una creciente ola de migración irregular, por lo que el país centroamericano podría enfrentar una crisis sanitaria y migratoria en un corto plazo, han advertido expertos en el tema.
De acuerdo a datos del INM, en 2020 ingresaron de forma irregular al país centroamericano 8 mil 154 extranjeros. La cifra aumentó a 17 mil 590 en 2021.
En lo que va de 2022 ya suman 16 mil 214 los migrantes que han entrado al territorio nacional de forma irregular, según cifras oficiales.
Con base a lo anterior, defensores de derechos humanos y la Iglesia católica han solicitado una reforma a la ley para que se suspenda o disminuya el valor de la sanción administrativa.
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