El Ministerio Público de Honduras, a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), logró la privación definitiva de 7.1 millones de lempiras al excomisionado general de la Policía Nacional, Héctor Iván Mejía Velásquez.
Este decomiso se logró luego de que la Fiscalía interpusiera un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
Lo anterior debido a que en enero de 2024 el Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito falló declarando sin lugar la privación de bienes del excomisionado.
Según el Ministerio Público, la acción se enmarca dentro de la Operación Poseidón ejecutada en enero de 2023, en la que también se solicitó la privación de seis cuentas bancarias y fondos de la cooperativa Compacal, vinculados a Mejía Velásquez.
Las investigaciones de la UF-ADPOL evidenciaron un incremento patrimonial injustificado entre 2015 y 2019, lo que llevó a la Fiscalía a actuar en aplicación de la ley sobre bienes de origen ilícito.
Mejía es un oficial retirado de la Policía Nacional en 2018, siempre sostuvo que las seis cuentas bancarias con L7.3 millones de lempiras que se le incautaron, eran sus aportaciones que ahorró en la cooperativa Compacal, ubicada en San Pedro Sula.
Durante el proceso, se determinó que los ingresos del excomisionado no eran compatibles con su fuente declarada de ingresos, lo que permitió que los fondos decomisados pasaran a favor del Estado de Honduras.
