Desde 2023 se registraron más de 15 casos defensores del ambiente asesinados, la mayoría de ellos dedicados a la protección del territorio, según explicó Daniel Cáceres, director del Observatorio de Derechos Humanos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Según Cáceres, los departamentos más afectados por esta ola de violencia contra defensores del ambiente han sido Colón, Atlántida y Yoro, donde se ha reportado el mayor número de asesinados.
En tal aspecto, uno de los casos que más evidencia la problemática de la protección de defensores es el reciente asesinato del ambientalista Juan Antonio López.
Cáceres señaló que la muerte de López pone de manifiesto la falta de diligencia del Estado en la implementación de medidas de protección para quienes defienden los derechos humanos y el ambiente en Honduras.
"Tenemos el caso de Juan López, que evidencia una falta de diligencia del Estado en adecuar, de alguna manera, las medidas de protección de manera más acelerada y rápida. Esto, porque hay un problema en la tramitación y en la adecuada implementación de las diligencias de protección", expuso Cáceres a El Informativo del Mediodía, de HRN.
"Lo que evidencia el caso de Juan López es un desentendimiento del Estado conforme a las situaciones de riesgo de los defensores", agregó.
Recomendaciones para proteger a los defensores
Ante esta grave situación, Daniel Cáceres hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas inmediatas y efectivas. Entre sus recomendaciones, destacó la necesidad de implementar las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para los 29 defensores del ambiente asesinados restantes.
Además, hizo hincapié en la importancia de aplicar las 11 recomendaciones planteadas por la alerta temprana y de llevar a cabo una investigación diligente sobre el caso de Juan López, con el fin de sancionar a los autores intelectuales y materiales del crimen para evitar la repetición de hechos similares.
El caso de Juan López
De acuerdo con un reportaje publicado este domingo por el portal Infobae, el asesinato de Juan Antonio López, ambientalista y regidor de Tocoa, ha sido catalogado como "una pesadilla demasiado común en Honduras".
El crimen ocurrió el 14 de septiembre cuando López salía de un servicio religioso en Tocoa. Al menos un tirador se acercó al vehículo en el que viajaba y disparó, pero fue en una segunda ronda de disparos que los sicarios acabaron con su vida, según la reconstrucción de los hechos publicada por Reporteros de Investigación.
Es así que la muerte de López ha causado indignación en todo el país, ya que era conocido por su lucha contra un megaproyecto de extracción de óxido de hierro a cielo abierto que, según sus denuncias, amenazaba con destruir el río Guapinol, un afluente vital del río Aguán.
Acusaciones directas contra la narco-política
Según Infobae, Juan López no solo se destacaba como activista ambiental, sino también como político. Desde su posición como regidor en Tocoa, López denunció abiertamente la relación entre la narco-política y los intereses de grandes empresarios y terratenientes que han depredado los recursos naturales de la región.
Además, uno de los principales señalados por López fue Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, a quien acusó de tener vínculos con el narcotráfico y de mantener alianzas con figuras de alto perfil político, incluido Manuel Zelaya, coordinador del partido Libre y esposo de la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
De tal modo, el caso de Juan López cobra mayor relevancia tras la reciente publicación de un vídeo que muestra una reunión en 2013 entre Javier Rivera, líder del cártel de Los Cachiros, y Carlos Zelaya, hermano de Manuel Zelaya y exvicepresidente del Congreso.
En dicha reunión, Rivera acordó un soborno con Carlos Zelaya, donde también estuvo presente Adán Fúnez. En el vídeo, Carlos Zelaya menciona que la mitad del dinero ofrecido por los narcotraficantes era para "el comandante", refiriéndose a Manuel Zelaya.
Tras la difusión de este vídeo, Juan López intensificó sus denuncias contra Adán Fúnez y exigió su renuncia como alcalde de Tocoa. Dos días después, López fue asesinado.
Llamado a la acción y la necesidad de proteger a los defensores
Por casos como el de Juan López, Daniel Cáceres enfatizó que la problemática que enfrentan los defensores del ambiente y derechos humanos no es un asunto que deba recaer en una sola institución, sino que es una responsabilidad que compete a todo el engranaje institucional del país.
"Justamente, hay un trabajo que se debe realizar en conjunto con toda la institucionalidad. No es responsabilidad de una institución específica, sino que compete a todo el engranaje institucional", concluyó.
