Dos hondureños pasaron de las sombras al expediente judicial, Estados Unidos los acusa de integrar una red de tráfico de migrantes que, según la investigación, convirtió un contenedor de tren en una trampa mortal donde siete personas perdieron la vida durante un cruce desde México.
Son 11 acusados señalados de formar parte de la organización que cobró hasta 10 mil dólares por trasladar personas ocultas en trenes de carga.
Honduras aparece en ambos extremos de la historia: entre las víctimas y también entre los presuntos integrantes de la organización criminal.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) acusó formalmente a la red dedicada al tráfico de migrantes y entre los procesados figuran dos hondureños: Jonás Ulloa Aguilera, de 25 años, y Franklin Williams Ayala Aguilera, de 30.
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Hondureños y el tráfico de migrantes: un viaje que terminó sin aire
La investigación sostiene que la organización operó al menos desde abril de 2023 hasta el 12 de mayo de 2026, cobrando entre 1,500 y 10,000 dólares por persona, según la distancia y el recorrido acordado.
Uno de esos viajes terminó en tragedia el pasado 9 de mayo. De acuerdo con la acusación, siete migrantes —cuatro mexicanos y tres hondureños, entre ellos un adolescente de 14 años— los introdujeron en un contenedor metálico de un tren de carga en Ciudad Acuña, México.
La puerta la cerraron desde el exterior y desde adentro no existía ninguna forma de abrirla.
Mientras el tren avanzó rumbo a Texas, el contenedor se convirtió en un horno de acero.
Ese día, las temperaturas exteriores oscilaron entre los 31 y 33 grados centígrados, condiciones que hicieron del viaje una carrera desesperada por sobrevivir.
El vagón de la muerte dejó siete víctimas
Según la acusación, cuando el tren llegó a San Antonio, los presuntos traficantes abrieron el contenedor y encontraron a los migrantes en estado crítico.
En lugar de pedir ayuda, las autoridades sostienen que huyeron del lugar y una de las víctimas murió cerca de las vías férreas.
Las otras seis fallecieron como consecuencia del encierro y las condiciones extremas en las que los transportaron.
Para los investigadores, el caso refleja el nivel de riesgo al que se someten quienes pagan por cruzar la frontera de forma irregular, tratados como mercancía y no como personas.
Los acusados
Además de los dos hondureños, la acusación incluye a mexicanos, guatemaltecos y estadounidenses.
Dos de los señalados permanecen prófugos: Karina García, de Texas, y Seferino Huerta-Casillas, de México.
Las autoridades estadounidenses sostienen que la estructura criminal coordinó el traslado irregular de migrantes utilizando trenes de carga y contenedores cerrados.
Ese es un método que reduce la posibilidad de que los detecten durante el recorrido, pero que aumentó dramáticamente el riesgo de muerte para quienes viajaron en su interior.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentarán un proceso federal en el Distrito Oeste de Texas por delitos relacionados con el tráfico de migrantes.
Esta investigación puso en evidencia el alto costo humano de las redes dedicadas al negocio clandestino de la migración.
Lejos de ser una simple ruta hacia el llamado "sueño americano", el caso demuestra que detrás de cada viaje clandestino existe una industria que mueve miles de dólares y que, cuando algo sale mal, abandona a sus pasajeros a su suerte.
Esta vez, la tragedia también dejó un nombre para Honduras: no solo entre quienes buscaban una oportunidad, sino también entre quienes, según la justicia estadounidense, hicieron del sufrimiento ajeno un negocio.
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