Honduras puede tener leyes, instituciones, controles y mecanismos para seguir el rastro del dinero. Ahora tendrá que demostrar algo más difícil: que todo ese engranaje funciona cuando el dinero proviene del crimen.
El país enfrenta la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Es un proceso que pondrá bajo revisión la efectividad del sistema hondureño contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros flujos financieros ilícitos.
La evaluación comenzó formalmente en agosto de 2026 y adquiere nuevamente relevancia cuando Honduras recibe en Roatán a delegaciones de los 18 países miembros de GAFILAT para una jornada dedicada precisamente a los desafíos de esta quinta ronda.
Pero detrás de las capacitaciones y el intercambio de experiencias existe una prueba mucho mayor para Honduras.
Ya no se trata únicamente de enseñar las reglas escritas. El país deberá presentar evidencia de que puede convertirlas en resultados.
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El examen de la ruta del dinero ya comenzó
Entre el 4 y el 7 de agosto, una delegación de GAFILAT estuvo en Tegucigalpa para iniciar formalmente la evaluación hondureña.
Durante esa visita se reunió con autoridades del Ejecutivo, Legislativo y Judicial y desarrolló un curso dirigido a cerca de 40 funcionarios de instituciones involucradas en la lucha contra los delitos financieros.
Participaron representantes de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, Aduanas, Servicio de Administración de Rentas e Instituto de la Propiedad, entre otras instituciones.
La amplitud de esa lista permite dimensionar lo que está en juego: el examen no recae sobre una sola institución, sino sobre la capacidad del Estado para conectar información, investigaciones, procesos judiciales y recuperación de bienes.
GAFILAT explica que esta ronda contempla el cumplimiento técnico de las recomendaciones internacionales, pero también la evaluación de la efectividad mediante 11 Resultados Inmediatos.
Es allí donde el papel deja de ser suficiente.
¿Qué tendrá que demostrar Honduras?
Desde marzo, cuando comenzaron los preparativos para la evaluación, GAFILAT identificó varios de los campos que estarán bajo observación.
Entre ellos figuran la evaluación de riesgos, transparencia societaria y beneficiario final, supervisión basada en riesgo, recuperación de activos, inteligencia financiera y la investigación y persecución del lavado de activos.
En términos prácticos, la evaluación busca determinar si las herramientas construidas por Honduras son capaces de producir resultados verificables.
Eso supone observar si la información financiera sirve para detectar operaciones sospechosas; si esas pistas terminan en investigaciones y si los casos pueden avanzar hasta la persecución de quienes introducen dinero ilícito en la economía.
También entra en juego la capacidad para localizar, incautar y recuperar bienes vinculados con actividades criminales.
Una década después
Honduras no llega por primera vez a este examen, la anterior evaluación correspondiente a la cuarta ronda se realizó en 2015 .
El informe se aprobó en 2016, entonces se detectaron deficiencias que obligaron al país a emprender acciones para fortalecer su sistema.
Entre los señalamientos aparecieron aspectos relacionados con la coordinación nacional, la tipificación de determinados delitos y algunas medidas vinculadas con el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Una década después, el punto de partida es diferente, la CNBS señala entre los avances recientes la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos.
Además de la implementación de la Estrategia Nacional contra el lavado y la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiarios Finales.
Precisamente ahí aparece la pregunta que atraviesa esta nueva evaluación: ¿qué resultados produjeron esos cambios?
El cambio de ruta
El examen ocurre, además, mientras las formas de mover y esconder recursos evolucionan.
Los países de GAFILAT trabajan actualmente en asuntos que van desde el transporte transfronterizo de dinero hasta los activos virtuales.
También a los proveedores de servicios de activos virtuales y los mecanismos para conocer quién está realmente detrás de empresas y otras estructuras jurídicas.
Una evaluación regional sobre activos virtuales advierte que la adopción de criptomonedas continúa creciendo en América Latina y que sus usos varían desde remesas e inversión hasta otros movimientos financieros. Honduras participó en ese ejercicio regional.
Eso amplía el desafío: perseguir el dinero ilícito ya no significa únicamente seguir depósitos bancarios, propiedades o movimientos de efectivo.
Las autoridades necesitan capacidad para identificar estructuras empresariales, beneficiarios finales, operaciones internacionales y nuevas formas de mover activos.
Roatán, antes de la prueba
En ese escenario, Roatán reúne ahora a delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
La jornada busca que los países conozcan los cambios en los estándares internacionales, los mecanismos utilizados durante las evaluaciones y las experiencias de otras naciones.
Para Honduras, sin embargo, la discusión tiene una urgencia particular y su evaluación ya está en marcha.
Durante meses, las instituciones hondureñas tendrán que reunir información, documentar avances y aportar evidencia.
Solo así podrán establecer si el sistema construido durante los últimos años funciona frente a los riesgos reales que enfrenta el país.
Porque esta vez no bastará con mostrar qué dice la ley contra el lavado de activos.
La prueba estará en demostrar qué ocurre después de detectar el dinero: si Honduras puede seguirlo, identificar a quién pertenece.
Además de llevar los casos ante la justicia y evitar que las ganancias del crimen terminen convertidas en patrimonio aparentemente legal.
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