En medio de la incertidumbre migratoria, una demanda federal busca frenar la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras y Nicaragua, decisión que podría deportar a miles.

La cancelación del TPS para Honduras y Nicaragua reactiva la lucha de organizaciones defensoras de migrantes.

Esta semana, la Alianza Nacional del TPS y siete personas presentaron una demanda ante la Corte del Distrito Norte de California, para bloquear la medida que impulsa la administración de Donald Trump.

Entre los demandantes está Jhony Silva, hondureño que llegó a Estados Unidos con tres años y hoy trabaja en un hospital.

“Estoy devastado. He hecho todo bien. Ahora puedo perderlo todo, pero hay que luchar para revertir esta decisión”, señaló.

La decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), anunciada por Kristi Noem, afecta a más de 60,000 beneficiarios del TPS que viven legalmente en Estados Unidos desde hace más de dos décadas, en el caso de hondureños y nicaragüenses.

TPS, palabra clave para la lucha legal

La palabra clave TPS resuena con fuerza en el texto de la demanda. Las organizaciones argumentan que la cancelación viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés).

Esto porque aseguran que ignora las condiciones de inseguridad y vulnerabilidad que aún enfrentan los países beneficiarios.

“La administración está forzando decisiones imposibles. Muchos beneficiarios tienen hijos ciudadanos estadounidenses y no conocen otro país que no sea Estados Unidos”, explicó Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de UCLA.

Para Emi MacLean, abogada de la ACLU del Norte de California, “el gobierno de Trump declaró una guerra contra el TPS y pone en peligro a cientos de miles de vidas”.

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Impacto económico y humanitario

La demanda también advierte sobre las consecuencias económicas de terminar con el TPS.

El 94 % de los beneficiarios en edad laboral están empleados, y contribuyen con más de 2,000 millones de dólares a la economía estadounidense, según datos de 2021.

Guerline Jozef, de la Alianza Puente Haitiano, calificó la medida como “violencia estatal disfrazada de política”, que niega décadas de esfuerzo, trabajo y arraigo familiar.

La Corte Suprema ya sentó un precedente al permitir la cancelación del TPS para inmigrantes venezolanos.

Esa acción dejó a más de 350,000 personas al borde de la deportación. Sin embargo, aún hay esperanza de revertir la situación.

Los demandantes y las organizaciones que los respaldan no solo buscan salvar el TPS, sino defender el derecho a una vida digna.

Son años de aportes a una nación que consideran suya. Su lucha es por justicia, humanidad y por evitar una tragedia migratoria que podría desatarse en septiembre de 2025.