El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Olvin Sarmiento, reveló una profunda crisis financiera en la institución tras reportar una morosidad del 72 % en el pago de colegiaturas.
De acuerdo con lo indicado por Sarmiento en exclusiva al noticiero TN5 Matutino de Canal 5, la deuda acumulada supera los 400 millones de lempiras y salpica a más de 35 mil profesionales del derecho, entre los que figuran funcionarios activos del Estado.
Además del colapso financiero, la directiva del gremio denunció una red de irregularidades que incluye la falsificación de carnés, suplantación de identidades y la usurpación del ejercicio legal dentro de dependencias públicas.
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Inhabilitación a morosos y llamado a los tres poderes del Estado
Sarmiento explicó que la morosidad abarca a profesionales en el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Congreso Nacional. Muchos directores legales y jefes de recursos humanos acumulan entre 10 y 15 años sin cumplir con la cuota mensual.
Ante esto, el CAH anunció que enviará oficios a las máximas autoridades gubernamentales para exigir la solvencia profesional como requisito obligatorio de contratación.
De no regularizarse en un plazo de seis meses, la directiva iniciará suspensiones de licencias para litigar e inhabilitaciones de acuerdo con la Ley de Colegiación Obligatoria.
"No podemos exigir solvencia si no empezamos por casa. Vamos a actuar con dureza, aunque no sea una medida popular", enfatizó el titular del CAH.
Fraudes, carnés falsos y redes de corrupción
El titular del CAH destapó la detección de empleados públicos operando con documentación adulterada. En un caso reciente, una persona fue detenida por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) tras usurpar la identidad y el número de colegiación de un abogado colegiado.
La directiva alertó sobre el riesgo que representan estas redes de corrupción y falsificación de auténticas notariales, las cuales invalidan la seguridad jurídica de los procesos estatales y amenazan con hacer perder juicios millonarios al Estado de Honduras. Sarmiento solicitó la intervención inmediata de la DPI y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) para frenar estos ilícitos.
Postura crítica: Piden cobro directo sin exponer al gremio
Por su parte, el abogado penalista Raúl Paniagua consideró necesario exigir el pago a los funcionarios con altos salarios, pero instó a la condescendencia con profesionales de escasos recursos o desempleados.
Paniagua cuestionó la falta de beneficios visibles para los agremiados solventes y sugirió la creación de un departamento de cobranzas interno antes de recurrir a suspensiones masivas o publicaciones de listas públicas.
Asimismo, exhortó a la presidencia del CAH a negociar con el Gobierno la agilización de trámites paralizados y el pago de honorarios adeudados a los profesionales del derecho.
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