La defensa y la familia del general retirado de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, denunciaron que se encuentran en situación de indefensión después de que el juez encargado del caso les negara los medios de prueba en su contra por su presunta responsabilidad en la muerte de Isy Obed Murillo, ocurrida durante las protestas por el golpe de Estado de 2009 en Honduras.

"En el caso del general Romeo Vásquez, el juez nos deniega los medios de prueba pericial forense y criminalística, bajo el argumento de que ya han pasado 15 años, los mismos que transcurrieron desde la exhumación. Nos deja en indefensión material, por lo que debemos replantear la estrategia de defensa", expresó Dagoberto Aspra, abogado de Vásquez, en su cuenta de X.

Aspra denunció que el juez también ha negado al equipo legal los audios de la audiencia celebrada el pasado 5 de enero, tras la captura de Vásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto, junto a los generales retirados Venancio Cervantes y Carlos Puerto.

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Los tres detenidos enfrentan acusaciones de la Fiscalía por el homicidio de Isy Obed Murillo y por lesiones graves sufridas por Alex Roberto Zavala, durante las manifestaciones del 5 de julio de 2009, cerca del aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa.

Miles de simpatizantes esperaban ese día el retorno del expresidente Manuel Zelaya, quien había sido enviado a Costa Rica tras su derrocamiento el 28 de junio de ese mismo año.

"Juicio justo"

"Denunciamos el estado de indefensión que genera la negación de pruebas periciales, forenses y criminalísticas en el juicio, bajo la excusa del paso de 15 años, que afectan tanto a la defensa como a la Fiscalía", señaló la familia Vásquez.

La decisión del juez "evidencia un sistema de justicia parcializado que viola el derecho a una defensa justa y responde a intereses políticos", agregó la familia en un comunicado.

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La familia de Vásquez exige respeto al debido proceso, un juicio justo y la presencia de observadores internacionales durante las audiencias.

Requerimiento "sustentado"

El fiscal general, Johel Zelaya, afirmó el miércoles 8 de enero que el requerimiento contra los tres militares está sustentado.

Todas las pruebas serán presentadas durante la audiencia preliminar de los imputados, programada para el viernes 10 de enero a las 8:30 de la mañana en los juzgados de Tegucigalpa, indicó Zelaya.