En los minutos previos a su deportación, Yesica Turcios, hondureña, se aferró a su hijo de dos años como si ese abrazo pudiera salvarlos de lo inevitable. Lo peinó, lo besó y le susurró promesas entre lágrimas.
Luego, tuvo que dejarlo. Hendrick, ciudadano estadounidense, no tiene pasaporte. Y sin ese documento, la ley prohíbe que abandone el país, incluso con su madre.
“No quiero dejar a mi hijo atrás, y no me dejan llevármelo”, dijo Yesica, con la voz quebrada.
La ley migratoria fue inflexible: debía abordar el vuelo hacia Honduras, aun si eso significaba dejar a su hijo pequeño atrás, en una tierra extranjera, bajo la custodia de terceros.
Una familia rota por la deportación
El drama de Yesica comenzó semanas atrás, cuando su esposo, Mártir Pineda, lo capturaron por agentes de ICE en una gasolinera cercana a su casa en Indianápolis.
Según su relato, al menos seis agentes lo interceptaron con un pretexto: su hija Nathaly, de ocho años, supuestamente estaba desaparecida.
“No había tal denuncia”, explicó. “Solo querían que los llevara a su casa”. Fue en ese momento cuando la pesadilla se volvió más profunda.
Yesica abrió la puerta y los oficiales ingresaron, revisaron la vivienda y obligaron a despertar a la niña para “probar” que estaba bien.
Poco después, a Pineda lo deportaron. Y con su ausencia, comenzó la verdadera lucha: la imposibilidad de sacar a Hendrick del país.
El obstáculo del pasaporte
Hendrick es hijo de ambos. Y aunque Yesica obtuvo los pasaportes para sus otros dos hijos nacidos en Estados Unidos, el de Hendrick se convirtió en un muro burocrático imposible de escalar.
La ley estadounidense exige la firma de ambos padres o una declaración notariada si uno está ausente. Pero Pineda estaba detenido. Y luego, deportado.
“Como él no estaba presente para firmar, no se pudo conseguir el pasaporte”, relató Yesica.
Sin el documento, Hendrick no podía subir al avión. Y la orden de deportación no podía esperar más.
Yesica debía irse, incluso si eso significaba dejar atrás al hijo al que seguía abrazando con fuerza en la sala de su casa.
Bajo vigilancia hasta el final
Antes de su salida, la hondureña vivió bajo vigilancia del Programa de Comparecencia de Supervisión Intensiva del DHS, que monitorea a miles de migrantes con aplicaciones móviles y dispositivos en el cuerpo.
Ella usó un monitor en el tobillo, que solo le retiraron al llegar al aeropuerto. “Solo estábamos aquí para trabajar”, dijo Yesica.
“No entiendo por qué se quedan con los que luchan por su familia y no con los verdaderos criminales”.
ICE, en un comunicado, respondió que actúa según las leyes migratorias vigentes y que todos los migrantes con orden de deportación son sujetos a expulsión, sin importar su nacionalidad.
Lea también: Una madre presa, tres hijos en vilo: la pesadilla de una familia hondureña
Un país, una infancia, un abismo
El caso de esta familia hondureña no es único. Se estima que más de 5.6 millones de niños ciudadanos estadounidenses viven con al menos un padre en riesgo de deportación.
Muchos, como él, enfrentan separaciones abruptas, sin comprender del todo por qué papá y mamá ya no están.
Ahora Hendrick permanece en Indianápolis. Tiene dos años, no habla mucho, pero cada día pregunta por su mamá.
Mientras tanto, Yesica y Mártir, desde Honduras, buscan la manera de conseguir ayuda legal para obtener su custodia y eventualmente reunirse con él.
En algún lugar de Indianápolis, un niño de dos años duerme sin saber que está varado en el país donde nació, separado por la ley de quienes más lo aman.
