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La alerta no vino de una investigación externa ni de un informe filtrado, sino desde la propia estructura. El director de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), Yaudet Burbara, reveló que dentro de estas instalaciones operaban redes vinculadas al tráfico de armas, drogas y trata de personas, aprovechando debilidades que por años quedaron sin control.
Las declaraciones del funcionario no dejan margen para minimizar la dimensión del problema.
Burbara reconoció que en los puertos hondureños existía actividad ilícita sostenida, facilitada por fallas administrativas.
También, por ausencia de controles efectivos que permitieron a estructuras criminales operar desde adentro.
“Todo tipo de tráfico es tema clasificado, pero ya se está trabajando para que no haya ningún problema", dijo.
Y señaló: "en el puerto había trata de personas, tráfico de drogas y armas, pero se trabaja en conjunto con la Embajada de Estados Unidos”, afirmó.
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ENP y una falla que escala a seguridad nacional
El propio titular de la ENP enmarcó la situación en un nivel más alto de preocupación, al señalar que la infiltración de estas redes no es únicamente un problema administrativo, sino un asunto de seguridad nacional.
“Este es un tema de seguridad nacional. Había una vulnerabilidad muy fuerte por falta de administración, pero ya estamos retomando esa senda y trabajando para corregir esas fallas”, subrayó.
La admisión expone que cuando los puntos estratégicos de entrada y salida del país quedan expuestos, el impacto trasciende lo económico y golpea directamente la capacidad del Estado para controlar su territorio.
Intervención y depuración en marcha
Ante este escenario, las autoridades aseguran que ya se ejecutan acciones coordinadas con el Ministerio Público y la Embajada de Estados Unidos para identificar responsables y desarticular las estructuras que lograron infiltrarse.
El proceso incluye investigaciones internas, fortalecimiento de controles y la participación de la Comisión Nacional de Protección Portuaria.
Esto, con el objetivo de cerrar las brechas que durante años permitieron la operación de estas redes.
El reto no es menor, ya que implica desmontar estructuras que, según lo reconocido, lograron instalarse en el corazón mismo del sistema portuario.
Modernización bajo presión y vigilancia
Paralelamente, el Gobierno proyecta inversiones que superan los 100 millones de dólares para modernizar los puertos y convertirlos en instalaciones de alta tecnología.
La apuesta busca reforzar la seguridad y mejorar la capacidad logística, especialmente en terminales clave como Puerto Cortés, Castilla y San Lorenzo.
Sin embargo, la modernización llega en medio de una crisis de confianza, donde la tecnología por sí sola no garantiza el control.
La revelación hecha desde la propia ENP deja al descubierto algo más profundo que una simple falla operativa.
Evidencia cómo las estructuras criminales pueden instalarse en espacios estratégicos cuando el control se relaja.
Recuperar los puertos no será solo una tarea de inversión o vigilancia, sino una prueba de si el Estado puede retomar el control.
Así se podrá asegurar si pueden actuar en uno de sus puntos más sensibles sin que el crimen vuelva a abrirse paso desde adentro.
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