Durante los años 2022 y 2023, el Estado de Honduras tuvo que lidiar con más de 6,800 demandas, principalmente relacionadas con despidos injustificados de empleados públicos.

Esto llevó al Gobierno a desembolsar alrededor de L4,400 millones, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR) y confirmado por el abogado Juan Carlos Aguilar de la ASJ.

En ese contexto, en el año 2022, se presentaron cerca de 4,000 demandas, la mayoría de las cuales estaban relacionadas con despidos mal ejecutados. En 2023, aunque la cantidad de demandas disminuyó a alrededor de 2,800, los costos para el Estado se mantuvieron altos.

"Han representado una erogación, una gran cantidad de millones de lempiras. Más de L2,800 millones en 2022 y más de L1,600 millones en 2023 en concepto de resarcimiento que el Gobierno de la República ha tenido que pagar a estas personas que han sido despedidas de una mala manera", manifestó Aguilar para radio HRN.

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Causas de las demandas

Al respecto, las causas de los pagos son por indemnizaciones, reintegros, pagos de sueldos caídos y prestaciones. Estas demandas han sobrecargado los sistemas judiciales y laborales del país, como señala el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CJS), Roy Pineda.

"Vemos incrementos en Francisco Morazán, diferentes a otras zonas del país, gran parte se debe a la excesiva contratación del Estado para desde 2021. Se contrató mucho personal por contratos y no bajo acuerdos, y esto generó reconocimiento de antigüedad de los mismos", explicó el abogado.

Esto ha llevado a un aumento en el número de casos presentados en las instancias judiciales, desde las primeras instancias hasta las cortes de apelaciones y salas. El magistrado Pineda también hace hincapié en el abuso de autoridad y la negligencia en el cumplimiento del código laboral y los procesos administrativos por parte de los funcionarios públicos.

Esto, sumado a intereses sectarios y políticos en las instituciones públicas, ha llevado a que el propio Estado sea visto como el principal violador de los derechos de los trabajadores.

En este sentido, es urgente que la Procuraduría General de la República establezca acciones civiles para responsabilizar a los servidores públicos que incumplan con las normativas laborales y administrativas, marcando así un precedente para garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores en el país.

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