La imputada llegó al Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción con sus manos esposadas y fuertemente custodiada por miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

Medina estuvo por más de dos horas frente al juez que conoce la causa, quien le informó sobre los delitos que le imputan.

La profesional del derecho fue detenida el pasado miércoles bajo la sospecha de sustraer más de 88 millones de lempiras de evidencia resguardada en el Banco Central de Honduras (BCH).

El Ministerio Público (MP) imputa a Medina por delitos de lavado de activos, abuso de autoridad, sustracción, destrucción, ocultación o inutilización de documentos en custodia.

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Además, se informó que se el MP incluyó el delito de falsificación de documentos públicos, de acuerdo con lo anunciado por el noticiero TN5 Estelar.

El juez programó la audiencia inicial para el domingo 3 de diciembre a las 9:00 de la mañana, según lo informado por el Poder Judicial.

Cuestionamientos del MP

Medina desde el mes de julio de 2023 se encuentra incapacitada, sin embargo, a pesar de esto solicitó en dos ocasiones más devoluciones al BCH, las cuales fueron entregadas sin seguir los procedimientos administrativos, ya que ella ya no era fiscal de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).

De su lado, el Banco Central de Honduras (BCH) aseguró que cuentan con la documentación tanto de depósitos como retiros solicitados por las fiscalías del MP, por lo que se encuentran brindando la información necesaria sobre el caso de Medina.

Asimismo, informaron que de acuerdo a la normativa de la institución, se devuelven los depósitos de garantía una vez las fiscalías los solicitan, en este caso, los 88.6 millones de lempiras.

Para ellos, afirmaron acta de entrega de valores, debidamente firmada. También confirmaron que las acciones se realizan con los procesos internos con base a Ley y principio de la ética.

En medio de este escándalo, el Ministerio Público cuestionó los mecanismos administrativos empleados por el BCH para realizar devoluciones de este tipo.

En respuesta, el banco aseveró que, conforme a su normativa interna, devuelve los depósitos de garantía una vez que las fiscalías del Ministerio Público los solicitan, suscribiendo un acta de entrega de valores debidamente firmada.

Sin embargo, desconocían que la fiscal Francia Sofía Medina ya no estaba adscrita a la FESCCO y, por ende, carecía de la autorización necesaria para la sustracción de los fondos.

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