Un hombre de 57 años fue capturado este miércoles por la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) tras ser acusado de maltratar por una década a su esposa e hija, en Copán.

La detención se ejecutó en una vivienda ubicada en el barrio El Centro de Nueva Arcadia, La Entrada, Copán.

Su arresto fue bajo la autorización del PCM 18-2025 y en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, con fecha del 20 de mayo de 2025.

Diez años de abuso en el entorno familiar

Según las investigaciones de la DPI, el detenido -quien es licenciado en administración de empresas-, ejerció durante años agresiones físicas, verbales y psicológicas contra su pareja, estableciendo una relación de dominio basada en el miedo y el control.

Estos hechos derivaron en su acusación por maltrato familiar agravado, una figura penal que sanciona con mayor severidad los actos repetitivos de violencia intrafamiliar.

Pero lo más alarmante es que su hija también habría sido víctima de hostigamiento, humillaciones e intimidación constantes.

Por la naturaleza de estos actos, sumados al contexto familiar y de abuso de poder, el hombre también enfrentará cargos por violencia contra la mujer, delito que no se limita a la agresión física, sino que abarca el daño emocional y psicológico motivado por razones de género.

Fue remitido a los tribunales

Durante el operativo, agentes de la DNSPF aseguraron el entorno con un cerco perimetral y ejecutaron la entrada táctica al inmueble.

La DPI concretó la captura luego de meses de investigaciones y seguimiento de campo. Ambas entidades destacaron que el procedimiento se realizó conforme a los protocolos legales y de respeto a los derechos humanos.

Tras su detención el hombre fue remitido a los tribunales correspondientes para enfrentar el proceso judicial.

¿Qué castigo contempla la ley?

En Honduras, el delito de violencia contra la mujer se castiga con una pena de uno a cuatro años de prisión, además de una multa o servicios comunitarios.

Esta sanción puede aumentar si la víctima es especialmente vulnerable (como una persona con discapacidad o si el hecho ocurre frente a menores de edad), llegando a incrementarse hasta en dos tercios, dependiendo de las circunstancias agravantes.

Por otro lado, el maltrato familiar agravado conlleva penas de uno a cuatro años de cárcel, dependiendo de la gravedad.

Si hay factores como daño físico grave, uso de armas, agresión en presencia de niños o coacción psicológica severa, la sanción puede alcanzar el máximo establecido.

Ambos delitos buscan proteger a personas dentro del entorno familiar y combatir la violencia de género.

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