El Ministerio Público, mediante la Fiscalía contra la Corrupción y equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ejecutó un operativo que dejó como resultado la detención preventiva de un abogado en Villanueva, Cortés.
La acción se desarrolló en el sector de Dos Caminos, donde los agentes realizaron allanamientos como parte de una investigación que permanece abierta, según informó el vocero de la Fiscalía en la zona norte, Elvis Guzmán.
De acuerdo con Guzmán, la Fiscalía señala al profesional del derecho por revelar la identidad de un testigo protegido relacionado con una investigación.
La Fiscalía no revela qué caso es
Guzmán explicó que las autoridades recopilan indicios y evidencias que permitan determinar la responsabilidad del abogado.
"Se dio con la captura de este abogado por supuestamente haber revelado la identidad de un testigo protegido", confirmó el portavoz del Ministerio Público.
El funcionario evitó brindar detalles sobre el caso en el que habría ocurrido la filtración. Dijo que no podía confirmar ni negar que el caso tuviera relación con el proceso investigativo que se sigue por la desaparición de Angie Peña.
"Es un caso que está en proceso de investigación, no puedo revelar más detalles", afirmó.
El caso de Peña volvió a cobrar relevancia tras el asesinato de Dereck Isaac McNeil James, quien había sido identificado como testigo protegido en las investigaciones por la desaparición de la joven.
Poco después del crimen de McNeil había trascendido que quien reveló la información pública del testigo fue precisamente un abogado, no necesariamente el detenido.
Las autoridades continuarán con las diligencias para esclarecer cómo habría ocurrido la revelación de la identidad del testigo y determinar las acciones legales correspondientes.
¿Qué implica revelar la identidad de un testigo protegido en Honduras?
El artículo 521 del Código Penal de Honduras establece que quien conozca la condición de testigo protegido de una persona y revele sus datos personales, paradero o cualquier información que ponga en riesgo su protección puede recibir una pena de cuatro a seis años de prisión.
En el caso de funcionarios o empleados públicos, la ley agrava la sanción y contempla además la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena.
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