Hace mucho que la extorsión en Honduras dejó de ser un simple cobro clandestino entre pandillas: ahora es una maquinaria criminal que exprime colonias, mercados, rutas de transporte y pequeños negocios.
Mientras el terror se impone, las cifras que retratan la verdadera dimensión del negocio comienzan a aparecer: millones de lempiras levantados sobre el miedo de las víctimas.
Las recientes condenas dejan al descubierto multas económicas que revelan cuánto dinero puede llegar a mover la extorsión en sectores golpeados diariamente por amenazas, persecuciones y asesinatos.
A Jonathan Alexander Montoya Salazar lo condenaron a 15 años de prisión por el delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido.
Pero más allá de la pena, el caso expone otra realidad: una multa de 2.5 millones de lempiras impuesta por el tribunal, cifra que desnuda el músculo económico detrás de este delito.
De interés: Extorsión empuja a taxistas a paralizar la ruta Kennedy-Centro en Tegucigalpa
La extorsión que se alimenta del miedo
Cada condena judicial cuenta apenas una parte de la historia. La otra permanece escondida en pulperías que cierran temprano, conductores que cambian rutas, comerciantes que pagan en silencio y familias que aprenden a vivir mirando sobre el hombro.
La extorsión se convirtió en uno de los delitos que más transforma la vida cotidiana en Honduras.
En muchas colonias, pagar “la renta” dejó de verse como algo excepcional y pasó a formar parte de la rutina obligada para seguir trabajando o simplemente mantenerse con vida.
Por eso las multas millonarias reflejan mucho más que un castigo económico, revelan el tamaño de un negocio ilegal construido sobre miles de pagos pequeños arrancados bajo presión.
El caso de Génesis Victoria Matamoros Aguilar con una condena de 11 años y tres meses de prisión, pagará una multa de 1.8 millones de lempiras.
Cárcel y multas, pero el miedo sigue vivo
Las condenas representan un golpe judicial contra estructuras criminales, pero también dejan una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿cuánto ha logrado frenar realmente la extorsión en Honduras?
Esas sentencias también alcanzaron a Fanny Griselda Carrasco Alemán y Cristofer Antonio Varela Flores.
Ambos señalados de participar en actividades extorsivas vinculadas a estructuras criminales que operaban en sectores como El Tizatillo y la colonia Brasilia.
Los expedientes judiciales retratan cómo distintas estructuras criminales siguen teniendo presencia en barrios específicos de la capital.
Colonias atrapadas entre bandas y silencio
Aunque las capturas y condenas continúan, en muchas comunidades el miedo no desaparece.
Habitantes evitan denunciar por temor a represalias y otros prefieren abandonar negocios antes que seguir pagando cuotas semanales.
Detrás de cada sentencia existe una cadena silenciosa de víctimas que rara vez aparece en los expedientes.
Son familias desplazadas, emprendedores quebrados y jóvenes atrapados en zonas donde la extorsión se volvió parte del paisaje.
La deuda del miedo sigue creciendo y aunque algunos de sus cobradores terminan sentados frente a un juez.
Pero miles de hondureños todavía despiertan cada mañana calculando cuánto deberán pagar para sobrevivir un día más.
Lea también: El dinero de la extorsión entra al radar de la CNBS en Honduras
