Un juez del Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada Medio Ambiente y Corrupción dictó este martes detención judicial contra Mario Roberto Reyes López, exdirector del Programa de Vivienda Social del Instituto de la Propiedad (IP), acusado de fraude y uso de documentos falsos.
De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial en su cuenta de X, el togado tras celebrar la audiencia de declaración de imputado notificó que el imputado deberá cumplir la medida en el Centro Penitenciario de Támara, en Francisco Morazán, a unos 30 kilómetros al norte de Tegucigalpa, capital de Honduras.
Además, se informó que la audiencia inicial en contra de Reyes López fue programada para el jueves 28 de agosto a las 9:00 de la mañana.
Investigación del Ministerio Público en presunto caso de corrupción en el IP
El requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público (MP) señala que Reyes López está implicado en el manejo irregular de fondos públicos provenientes de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) del IP durante el año 2022.
Además, fueron acusadas cinco personas más: Cristy Dayanara Sánchez Valle, excoordinadora técnica; Tania Michell Montoya Zepeda, exgerente administrativa y financiera; Leyla Patricia Rubio Valladares, excoordinadora de presupuesto; y los representantes de la Fundación Ayudando con Amor, Claudia Pamela Álvarez Matute y Bairon Josué Berrios Salinas.
Según las investigaciones del MP, los imputados se coludieron para desviar recursos del fideicomiso SITEC, que ya había sido derogado, mediante un convenio con la Fundación Ayudando con Amor para supuestos proyectos sociales que nunca se ejecutaron.
El convenio contemplaba el desembolso de 39.5 millones de lempiras bajo la figura de donación, pese a que la UCP no estaba facultada para otorgar donaciones, ya que los fondos provenían de la Tasa Vehicular, impuestos registrales y de traslación de dominio.
Los fiscales detallaron que los pagos comenzaron a efectuarse un año después, mediante cheques a cuentas controladas por los imputados, quienes además presentaron documentos falsos para justificar los desembolsos, consolidando así un esquema para saquear fondos estatales.
El caso se encuentra bajo la investigación de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), que apunta a un patrón de corrupción sistemática dentro de la UCP y una aparente negligencia de control en la administración de los recursos del fideicomiso SITEC.
Las autoridades anunciaron que seguirán evaluando a los otros imputados para determinar posibles medidas cautelares, mientras que la sociedad mantiene la expectativa sobre la transparencia del proceso judicial y la recuperación de los fondos públicos destinados a programas sociales.
